A pocas semanas de las elecciones se puede advertir, tanto en los debates como en las propuestas de los principales partidos políticos, que la banca y el sistema financiero no se tocan. En efecto, ninguno de los partidos políticos ha manifestado una propuesta para mejorar o modificar el actual modelo del sistema financiero. 

Sabemos que la actual regulación bancaria tiene metas de colocaciones en el sector productivo y de vivienda social y también techos máximos en las tasas activas para el sector productivo y para las viviendas de interés social. Esta normativa ha tenido varias consecuencias positivas y negativas. La positiva es el crecimiento importante que ha tenido la cartera hipotecaria de vivienda social (609% entre 2014 y 2018) y de la cartera en el sector productivo (150% entre 2014 y 2018). 

Entre las consecuencias negativas está que, por la presión a los bancos a llegar a la meta del 60%, las entidades financieras han concentrado sus niveles de riesgo en el sector productivo, reduciendo su exposición en los sectores de comercio y servicios. 

El principio de mantener una cartera diversificada no se ha cumplido y no se ha seguido la regla básica de “no pongas todos los huevos en una sola canasta”. Pero, además, este crecimiento de cartera productiva no ha sido acompañado con el crecimiento en el numero de clientes (solo 17% entre 2013-2018), lo que significa que los bancos también han concentrado riesgos en los mismos clientes productivos, porque la renovación del tejido productivo en el país sigue pendiente. 

Por otro lado, con esta normativa los bancos múltiples y grandes se han adaptado mejor al nuevo contexto, haciéndose más grande la brecha entre los bancos y, por otra parte, los bancos más chicos, pyme y las instituciones financieras de desarrollo se han debilitado, con la consecuencia que muy pronto veremos, seguramente, nuevas absorciones en el sistema financiero. 

Otras consecuencias, por esta presión de crecimiento de cartera, que ya se sienten en el sistema en su conjunto son menor liquidez, menores márgenes financieros, menor nivel de adecuación patrimonial, mayor descalce en plazo y tasa entre las captaciones y colocaciones en vivienda social, bajos, pero crecientes niveles de mora y reprogramaciones, y otras variables que preocupan.     

Ante este panorama del sistema financiero, el MAS en su propuesta electoral ofrece “seguir manejando una regulación financiera prudente basada en la gestión de riesgos y que el sistema continuará registrando tasas de crecimiento elevadas en cartera productiva y social; con niveles de solvencia, mora, rentabilidad y liquidez por sobre lo observado en el periodo neoliberal y mejor con el resto de los países de la región, aumentando la cobertura de los servicios financieros en la mayoría de los municipios del país en beneficio de todos los bolivianos”.

Bolivia Dice No, no hace ninguna mención a lo que sucede actualmente con la banca y más bien ofrece el acceso oportuno a financiamiento, “desarrollando el mercado de capitales, expandiendo la participación de las empresas en la bolsa de valores y activando el direccionamiento de los ahorros de los ciudadanos hacia mecanismos de financiación que lleguen a más negocios y generen mayores rendimientos con niveles de riesgo limitado”.

Comunidad Ciudadana tampoco observa la situación del sistema financiero y propone, para este rubro, “el monitoreo y supervisión de su fortaleza y dinamismo, como una prioridad, promoviendo que todas las entidades participantes mantengan altos niveles de prudencia a fin de proteger los ahorros de la población, siempre apoyando con financiamiento adecuado a la industria, como objetivo principal del sector”. 

Tomando en cuenta que la salud del sistema financiero es fundamental y que se vienen meses más complicados, en el contexto económico y político, es importante conocer las propuestas de las fuerzas políticas sobre este importante sector.