- La Razón - Judiciales postergadas: el bloqueo perjudica la contratación de 8.000 jurados capacitadores
- BRÚJULA DIGITAL - Las elecciones judiciales no deben suspenderse
- El Diario - Pruebas de un financiamiento irregular al MAS son evidentes
- Opinión - Todos Santos ‘baja temperatura’ del bloqueo evista y TSE posterga Judiciales
- El Deber - Conflicto del MAS impacta en el calendario electoral; se postergan las Judiciales
- El Deber - La democracia está en alto riesgo
Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: domingo 29 de septiembre de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El diputado de oposición Julio Huanca dijo que el recurso abstracto de inconstitucional que presentó junto a Horacio Poppe y Gina Torrez contra el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte y quema “controlada” de bosques, pide la derogatoria de la normativa porque atenta contra los derechos del medio ambiente y prevé la preservación de las áreas protegidas.
El legislador explicó que presentaron el recurso contra el decreto luego de los incendios en la Chiquitanía, porque se trata de una normativa que no fue planificada, consensuada y no vela por la preservación del medio ambiente.
“Han argumentado que querían ampliar la frontera agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, pero no han tomado en cuenta la preservación”, declaró Huanca.
De acuerdo con el diputado, además de la pausa ecológica que ya ha dictado el Gobierno, se necesita la derogación de la norma para frenar los chaqueos para nuevos asentamientos. “Tiene que haber consenso, pero sobre todo que no haya una norma de parte del Gobierno que vaya a incentivar las quemas”, dijo.
El recurso de inconstitucionalidad abstracta ya fue admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre. Ahora resta que el presidente Evo Morales y los ministros que firmaron el Decreto 3973 sean notificados y en el plazo de 15 presenten sus argumentos.
El abogado constitucionalista César Cabrera informó que el TCP tiene 30 días para declarar constitucional o no el decreto. En su opinión la normativa 3973, de 10 de julio de 2019 que modificó uno de 2001, que autorizó los desmontes en tierras privadas y comunitarias va en contra ruta de los derechos de tercera generación de la Constitución Política del Estado.
Son parte de estos derechos un medio ambiente sano, la biodiversidad y desarrollo sustentable. “El Estado es el principal promotor de un medio ambiente sano, pero cuando hay un decreto que permite los chaqueos sin que exista un control se incumple con ese carácter de protección”, explicó.