Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 28 de marzo de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Editorial
Importancia de la Comisión de Venecia
Hace unos 10 días, a raíz de un informe emitido sobre la reelección, muchos de los bolivianos descubrieron un nuevo ente europeo llamado Comisión de Venecia. Según este organismo, la reelección en sistemas presidenciales y semipresidenciales no representa un derecho humano y se debe poner límites a la misma para preservar la democracia.
Dicha aseveración fue vertida a solicitud de la Organización de Estados
Americanos (OEA), a propósito de una consulta sobre la modificación de
términos presidenciales en América Latina. “El derecho a ser elegido no
es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y
razonables.
Limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencial y semipresidencial apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”, señala el documento.
Como es de esperar, estas conclusiones causaron especial impacto en
Bolivia, cuyo Tribunal Constitucional viene de aprobar la repostulación
indefinida para autoridades electas, entre ellas el presidente Evo
Morales.
La oposición tomó como un triunfo y un respaldo a su reclamo de hacer
respetar la actual Constitución Política del Estado que reduce a dos
mandatos consecutivos las posibilidades de reelección; sin embargo, el
oficialismo, que está determinado a imponer una nueva candidatura del
actual mandatario, restó importancia al reciente informe: “La Comisión
de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas
ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición
oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la
oposición debe dejar de mentir (sic)”, escribió el ministro de Justicia,
Héctor Arce, en su cuenta en Twitter.
Lo cierto es que la Comisión de Venecia sí es parte del Consejo de
Europa y tiene un rol trascendental en brindar asistencia constitucional
a los países. Fue creada en 1990 tras la caída del muro de Berlín, en
una coyuntura en que un importante número de países europeos se estaban
incorporando a un régimen democrático después de haber concluido la era
de los gobiernos comunistas, en su mayoría dictatoriales, que los
regían. La necesidad de que las naciones de Europa del Este se tornasen
en Estados democráticos hacía preciso un asesoramiento y acompañamiento
constitucional, para cuyo fin fue creado este organismo, bajo el nombre
oficial de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho.
De entonces hasta ahora, la entidad que sesiona cuatro veces al año en
Venecia recibe consultas de los países miembros de la Unión Europea y
otros organismos internacionales. Nada desdeñable, por tanto, su
conclusión.