Cambio – Edición impresa

La alianza entre Comunidad Ciudadana (CC) y Unidad Nacional (UN) significa una nueva contradicción respecto a las afirmaciones del exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y actual candidato presidencial, Carlos de Mesa, quien desde octubre del año pasado aseguró que construiría una nueva democracia alejada de las viejas prácticas neoliberales, como el cuoteo o las coaliciones.

De acuerdo con una publicación de Página Siete, del 18 de octubre de 2018, De Mesa explicó que para alcanzar el propósito de la soberanía popular se debía “actuar juntos” y recuperar los valores políticos relacionados con la construcción de la democracia, sin heredar “el cuoteo, las megacoaliciones y la construcción de élites”.

Otro momento en que insistió con esas ideas fue en marzo, durante una reunión con representantes de 20 provincias de La Paz, cuando  aseguró: “No haré ninguna privatización, no se me pasó por la cabeza, tampoco fomentaré el retorno de los viejos partidos políticos”, según el portal de noticias Urgente.bo.

Sin embargo, pese a las promesas de una candidatura sin estas viejas prácticas, que caracterizaban a la política en la época neoliberal, el candidato de CC, Carlos de Mesa, se alió con el jefe de UN, Samuel Doria Medina, quien entre 1993 y 1997 fue ministro de Planeamiento y Coordinación de Jaime Paz Zamora, y desde entonces postula la privatización tanto de los servicios básicos como de las empresas estatales.

“Comunidad Ciudadana ha recibido con satisfacción la decisión de Unidad Nacional de convocar al pueblo de Bolivia a votar por la alternativa ciudadana que representamos”, manifestó De Mesa mediante una carta viralizada en las redes sociales. A su vez, Doria Medina respondió ayer: “Yo no estoy apoyando a Carlos Mesa porque piense igual que él o esté de acuerdo en todo con él, tengo visiones diferentes de cómo administrar al país (programa de gobierno); estoy apoyando al que tiene más posibilidades de ganar la elección en la primera o segunda vuelta”, esto en entrevista con Erbol.

Sin embargo, esta no es la única alianza que Carlos de Mesa hizo con partidos políticos del pasado. La megacoalición que tiene actualmente también contempla asociaciones con Acción Demócrata Nacionalista (ADN), mediante Leopoldo Fernández, actualmente privado de libertad por la Masacre de Porvenir; con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pues  su candidato a quinto diputado plurinominal por La Paz es José Luis Bedregal, quien era secretario de Juventudes del MNR y militante del Movimiento Sin Miedo, de Juan del Granado.

También tiene tratos con Carmen Eva Gonzales, actual senadora de Unidad Demócrata (UD). Además, recibió apoyo de Manfred Reyes Villa, actual prófugo de la justicia boliviana y exjefe de Nueva Fuerza Republicana (NFR), y tiene como postulante a la primera senaduría de Tarija a Zoya Zamora, hija del extinto dirigente del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) Óscar ‘Motete’ Zamora, entre otros personajes.

Contradicciones

Entre algunas de sus varias contradicciones, que son más de 16 hasta la fecha, está la Guerra del Gas, pues en octubre de 2003 prometió justicia a la ciudad de El Alto, pero en marzo de 2018 se negó a ser testigo de cargo en un juicio en una Corte Federal de Estados Unidos en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.

En diciembre de 2003, solicitó inmunidad para militares estadounidenses en Bolivia; sin embargo, en abril de 2019 negó este hecho. En diciembre de 2017, dijo que no postulará para presidente; sin embargo, en octubre de 2018 confirmó su participación en el proceso electoral. El 8 octubre de 2018, señaló que no tenía cuentas bancarias en el exterior y solo unas semanas después, el 30 de octubre, se comprobó que sí tenía cuentas  en el BBVA de España.

En febrero, manifestó que no debatirá con Evo Morales; sin embargo, el 8 de julio cambió de opinión y desafió al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS). El 12 de mayo de 2019, mediante un tuit, pidió más transparencia a la Policía y al Órgano Judicial por estar involucrados en delitos y en narcotráfico; sin embargo, el 31 de enero de 2004 autorizó la quema de  los papeles de los gastos reservados mediante el DS 27345 con la intención de eliminar la información sobre cómo se usaron esos fondos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros.