El dato lo reveló el exabogado de los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003 y actual candidato a segundo senador del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) por La Paz, Rogelio Mayta.

“Ese 12 de febrero (de 2003), mientras compatriotas eran asesinados en las calles de La Paz, Carlos (de) Mesa recibía la suma de 400 mil bolivianos, equivalentes a 52.910 dólares, a través de un pago, del lavado de dinero, que se puede ver que se estaba realizando a través de Ximena Valdivia y de la empresa que crean, Itaca, que supuestamente da un préstamo a PAT”, señaló.

De acuerdo con el documento que enseñó Mayta, el depósito fue hecho el 12 de febrero de 2003 por Sixto Pereira, entonces encargado de archivo de PAT.

Si bien Pereira trabajaba en PAT, realizó el depósito a nombre de la sociedad de inversiones Itaca, creada el 1 de agosto de 1998 por Carlos de Mesa (28,79%), Ximena Valdivia (17,28%), Mario Espinoza (10,24%) y Amalia Pando (7,68%), entidad que a la vez tenía el 63,99% de las acciones de PAT. Las otras socias de la red eran La Prensa (10,60%), El Deber (10,47%), Los Tiempos (10,16%) y CIE (4,78%).

Cuando se efectúa el depósito, en el centro político del país, policías y militares se enfrentaron luego de que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa remitió al entonces Congreso Nacional el proyecto de ley que creó el impuesto al salario, que era de un 12,5%.

En un intento por justificar la medida, De Mesa señaló en un escrito, publicado el 12 de febrero de 2013, que “el alza de impuestos afectaba a menos del 5% de la población y menos del 25% de la población asalariada”. No obstante, la población rechazó la medida. El enfrentamiento entre policías y militares ocasionó 34 muertos y 200 heridos. “Esto nos lo tiene que explicar Carlos (de) Mesa, ¿qué era este dinero que estaba recibiendo? ¿Era su pago de lealtad que había recibido de Gonzalo Sánchez de Lozada?”, preguntó Mayta.

A partir de estos hechos, el abogado, que asistió a las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003, en el juicio civil que se le siguió a Sánchez de Lozada en Estados Unidos, formuló una posible respuesta de la razón que impulsó a De Mesa a no acudir a declarar en ese proceso, además de que “tenía miedo de encarar” a sus exaliados.

“De acuerdo con el sistema judicial de Estados Unidos, antes de estar ante el juez, los testigos tienen la obligación de declarar hasta siete horas frente a cámaras de video, con una declaración jurada mediante”, por tanto De Mesa no habría podido negarse a decir la verdad o a escudarse, como lo hace ahora, en que se trata de “una persecución política”, señaló.

A De Mesa se le pidió que acuda como testigo a la etapa oral del juicio, en marzo de 2018, tres años después de que el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, confirmó que el ahora postulante de CC cobró 1,2 millones de dólares para acompañar a Sánchez de Lozada. “Seguro en la etapa de descubrimiento, si Carlos (de) Mesa decía voy a testificar, pues iban a tomar su declaración por estas siete horas y ahí, con declaración jurada, hubiese tenido que confesar y decir: ‘sí recibí dinero o no recibí dinero’”, dijo Mayta.

Si bien el jurado civil de la Corte de Fort Lauderdale del estado de Florida, Estados Unidos, halló responsables a Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por los delitos de asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos, y les impuso el pago por resarcimiento de 10 millones de dólares, el juez James Cohn  revirtió el fallo en mayo de 2018.

Basado en las pruebas, Mayta rechazó las aseveraciones del expresidente. Le aclaró que el proceso que activó el Ministerio Público en contra de la exgerente de PAT Ximena Valdivia no es una “guerra sucia”, sino que “hay dineros aparentemente sucios que ha recibido Carlos (de) Mesa”.

“Si quiere ser candidato presidencial, si quiere tener alguna opción, tiene la obligación moral de aclarar de dónde sacó ese dinero, ¿fue dinero de Goni o de los gastos reservados? Eso le exigimos”, emplazó.

Frente a la exigencia, el asesor jurídico de CC y candidato a primer diputado plurinominal por La Paz, Carlos Alarcón, insistió que todo es “parte de una guerra sucia”. Indicó que todas las aseveraciones de Mayta son difamaciones, tergiversaciones y hechos descontextualizados.

Valdivia se negó a responder ante la Fiscalía cómo PAT obtuvo 831.454 dólares entre 2002 y 2003. Por ello, el Ministerio Público la imputó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por supuestamente “ordenar” a funcionarios subalternos a realizar “depósitos irregulares” de altas sumas de dinero en las cuentas de esa empresa.