El centro mismo de los poderes económico y político está empeñado en minimizar el impacto y las consecuencias de la Gran Quema, que sigue arrasando los bosques de reservas naturales y territorios indígenas y para lograrlo se empeña en usar las estadísticas de incendios de otros años, principalmente 2004 que, se enfatiza violentamente, fueron mayores y nadie dijo nada.

Este uso abusivo, lindante con lo criminal, de los números, trata de armonizarse con anuncios sobre los resultados de los “titánicos” esfuerzos (unos 15 millones de dólares) para paliar el avance del fuego. Callan celosamente, en cambio, que la ley 602 de Riesgos prevé el uso de recursos mucho mayores, si se declara Desastre Nacional, lo que es resistido a muerte por Morales Ayma. No hablemos ya de comparar lo minúsculo de lo empleado para enfrentar el fuego con los gastos de la alta burocracia y mucho menos con las varias monstruosas inversiones defectuosas e infladas.

Los otros silencios de esta fúnebre partitura son los de los principales voceros y el ejército de guerreros digitales y medios de difusión propios y afines, para eludir referencias al desarrollo de la monumental masacre de vida, futuro y cultura que se ejecuta, como costo de la visión que guía  el plan de desarrollo hecho por el MAS y sus aliados.

La última nueva encuesta electoral, inevitablemente asociada a promotores y fuentes asociadas directa u oblicuamente con el régimen, bajo responsabilidad de “ViaCiencia”,  logra que la intención de voto para el MAS supere, por fin, la barrera del 40, justamente en los días más duros del desastre, al que el Gobierno responde con mezquindad y desdén. Y, para cerrar el ciclo y las bocas, el TSE censura la encuesta de la UMSA y varias otras instituciones que encuentra exactamente lo contrario, con una muestra mucho mayor.

Es posible zafarse del tironeo electoral entre candidaturas, revisando el conjunto de las encuestas desde hace dos años, donde sobresale un dato prácticamente constante que ubica el espacio de la votación oficialista que  oscila entre el 26% y el 37%, sin alcanzar el 40%. Las excepciones ya mencionadas  no quebrantan esta tendencia.

Tanto o más importante es que la suma de “indecisos” (No sabe/ no responde) con los Nulos y Blancos se mueve entre el 25%  y el 30%. Ese techo tan alto, tan próximo a la fecha de las elecciones, sugiere vigorosamente que una gran mayoría de los presuntos “indecisos” tienen ya decidido su voto, pero prefieren reservárselo. Para entender mejor esta conclusión debe tenerse presente que la suma de nulos y blancos se ubica  por debajo del 8%, en las presidenciales, desde 1993 a 2014.

Con la cifra actual de inscritos y dependiendo de la participación efectiva, ese porcentaje significa entre 800 mil  a cerca de 1,3 millones de electores, que esquivan identificar su intención de voto en las encuestas.

Ante la pregunta que abre esta espiral del silencio se puede esperar que -posibilidad uno- esos votos enmascarados se inclinen por la oposición y opten por no manifestarse, temiendo represalias; -posibilidad dos-, que también se trate de electores avergonzados, decididos a apoyar a la fórmula oficial por temor a la incertidumbre, principalmente. En este caso último, la ocultación proviene de que esos electores están conscientes de la pesada carga de acusaciones y pruebas que arrastra el Gobierno en materia de corrupción, abuso y ahora. La tendencia principal es que, si la presunción es correcta, la gran mayoría de votos escondidos esté alineada contra el régimen.

Los silencios sobre la Gran y mortífera Quema, el acallamiento de los sondeos que contradicen su propaganda y guerra psicológica, son signos claros de que la danza de números es más una manera de maquillar temores y angustias que una invitación a compartir el baile.

Roger Cortez es docente e  investigador.