La República de Bolivia adoptó para su gobierno la forma democrática, participativa y representativa (artículo 11 de la Constitución), cuya característica esencial radica en el reconocimiento, promoción y garantía de los derechos de los ciudadanos. 
Uno de esos derechos es el del control del poder político (artículo 26-1). Los ciudadanos ejercieron ese derecho cuando mediante referéndum rechazaron el plan de reemplazar la regla de imposibilidad de reelección del gobernante fuera de la regla de alternabilidad en el mando (artículo 168).
Gobernantes y gobernados tienen también deberes. El principal de esos deberes es el cumplimiento de las reglas establecidas en la Constitución dirigidas expresamente para el Presidente y el Vicepresidente de la República (artículo 172-1) y para los demás ciudadanos (artículo 108-1).
Con violación de ese deber, el gobernante no se limitó a rechazar la mencionada decisión del referéndum vinculante sino que obligó a las autoridades del Tribunal Constitucional a emitir una extravagante resolución que declara inconstitucional el correspondiente precepto constitucional. 
Luego adoptó la inicua decisión de violar y hacer violar la Constitución postulándose como candidato a una función que le está vedada, actitud que tiene el carácter de golpe de Estado incruento pues se produjo para cambiar la forma de gobierno conformado por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial independientes e iguales en jerarquía (artículo 12).
Constituye simultáneamente ejercicio de un derecho y de un deber, el votar en el acto electoral a favor de algún candidato que actúe con estricta sujeción a la Constitución Política del Estado que es la norma suprema del ordenamiento jurídico (410-II). Es necesario poner coto a la destrucción de nuestra nacionalidad. Un Estado sin normas de cumplimiento ineludible es inviable.
Serán funestas las decisiones de quienes incumpliendo deberes y sin ejercitar derechos, basándose únicamente en el beneficio económico que obtuvieron bajo ilegal manto, lleven nuevamente al poder al mismo gobernante que ejerció su función de mando sin respeto a las reglas contenidas en la Ley de Leyes, en marco de corrupción, despotismo, inseguridad jurídica y despilfarro. Los votos emitidos en ese sentido harán a sus autores cómplices de la continuidad de un régimen autocrático.