Un reciente análisis nacional, divulgado a los medios de comunicación, señala que existe incumplimiento sobre la paridad y alternancia en las listas de candidatos a diputados y senadores de los frentes políticos en carrera electoral para las próximas elecciones generales. La revisión de este desfase ha generado una serie de reacciones entre las agrupaciones políticas más afectadas, que restan credibilidad a tales informaciones. Sin embargo, resulta evidente que la obligación de incluir en las listas la equidad política en cada agrupación sigue siendo un enorme desafío de nunca terminar. Si bien las normativas nacionales son explícitas en este sentido, permanece el accionar discriminatorio que posterga el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
 
Conviene recordar que en los fundamentos de la creación de la Organización de las Naciones Unidas se ha insistido en la obligación de incluir a las mujeres en los puestos clave de toma de decisiones políticas para cumplir con el criterio de equidad de género, que permite su inclusión en igualdad de condiciones que los asambleístas varones.  Hasta el momento este mandamiento internacional no ha podido ser asumido en la mayor parte de las naciones del mundo. En el contexto latinoamericano, de características genuinas por la cultura y la historia política de cada uno de los países, esta obligación para las estructuras políticas continua como una asignatura pendiente que tropieza con el obstáculo del machismo, símbolo de retraso, violencia y exclusión.
 
El asunto no es sencillo, ni mucho menos, porque Ecuador, Argentina, México, Bolivia, Nicaragua y Costa Rica son los únicos países en el continente americano que han regulado la paridad en su sistema político, aunque ello no ha generado necesariamente resultados equitativos para ambos géneros, pero si ha permitido un mayor ingreso de mujeres en espacios clave como el Legislativo. Por tanto, el análisis que muestra incumplimiento de las listas de candidatos a asambleístas para las próximas elecciones generales no puede pasarse por alto, porque evidencia que poco favor se hace a la democracia del país con estas exclusiones. De una u otra manera se busca eludir el compromiso, como la exigencia de la competitividad de las candidatas mujeres.
 
El desafío de la paridad y la alternancia en las listas electorales demuestra que la democracia interna no ha calado todavía en la estructura de la mayoría de los partidos políticos del país, que se debaten alrededor de dirigencias obsoletas y de representantes de grupos de poder, a los que no les interesan los criterios de equidad, paridad y alternancia. Ello es comprensible desde el momento en que usan la democracia para proteger más sus intereses mezquinos que los del sentir colectivo. No obstante, resulta una obligación de los organismos pertinentes exigir se cumplan como corresponde, con los compromisos internacionales contraídos. En suma, se trata de exigir mayor rigor en el fortalecimiento de la democracia, aspecto que suele quedar en la fría retórica.
 
Si bien se trabaja en impulsar aún más el liderazgo y la profesionalización de las mujeres, la perspectiva de género se ha extendido al árido terreno de las políticas públicas. En los papeles nacionales señalan una participación equitativa del cincuenta por ciento para las mujeres. Este aspecto, sin embargo, está lejos de ser asumido por las organizaciones políticas, que incumplen al menos uno de los criterios en las listas de sus candidatos. El Tribunal Electoral Plurinacional ha anunciado que tomará cartas en el asunto cuando corren los plazos establecidos. Sin duda, la aplicación del criterio de la paridad y la alternancia en la estructura política del país permanece como un tremendo desafío para esta coyuntura histórica electoral y todavía más para las futuras.

Sin duda, la aplicación del criterio de la paridad y la alternancia en la estructura política del país permanece como un tremendo desafío para esta decisiva coyuntura histórica electoral y todavía más para las futuras.