Sobra decir que las elecciones que se realizarán en menos de un mes en nuestro país están rodeadas de sospechas sobre un posible fraude que sería operado y ejecutado desde del Órgano Electoral que no ha podido esconder su trato preferente hacia la candidatura oficialista.
Las renuncias de vocales, de una cantidad inusualmente elevada de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y la remoción de otros, alimentan esas sospechas. En medio de ese panorama, la función de los jurados electorales resulta más que importante debido a la normativa vigente señala que ellos son las autoridades en una elección, quienes refrendan la validez de una votación y la cierran con sus firmas, sin dar opción a que sus actas se modifiquen.
Más de 207.300 electores serán jurados electorales en los comicios generales que tendrán lugar en Bolivia dentro de cuatro semanas, el domingo 20 de octubre.
Para una gran mayoría de quienes cumplirán esas funciones que revisten carácter obligatorio, el azar que determinó su designación no es precisamente un motivo de alegría.
No, pues el ejercicio de las funciones de jurado electoral está directamente relacionado con la idea de una actividad de varias horas que exige constante atención y también paciencia cuando los votantes no llegan a sufragar, mientras que el resto de los electores dedicarán —en el peor de los casos— una hora al cumplimiento de su deber ciudadano, acudiendo a la mesa que les corresponde para emitir su voto y luego disponer el resto del tiempo de ese día a cualquier otra actividad gratificante.
Pero estas elecciones tienen una particularidad que las diferencia de la anteriores. Una marcada por la inevitable falta de confianza plena en la institución que organiza las elecciones, y que resulta de una serie de sucesos.

Esos hechos que generaron y generan desconfianza van desde la dimisión de tres vocales del TSE en los meses pasados, hasta la sustitución reciente de funcionarios del Servicio de Registro Cívico (Serecí) —la institución encargada del padrón de votantes y también de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que es el sistema de conteo rápido de actas de sufragio—, pasando por la polémica habilitación del binomio del MAS a pesar del “No” ganador en el referendo vinculante del 21 de febrero de 2016 y una docena de otros actos que permiten, mínimamente, cuestionarse acerca de la imparcialidad del TSE.
En este ambiente, los 207.322 bolivianos que ejercerán las funciones de jurados electorales —en las 34.558 mesas donde sufragarán 7.315.364 habilitados en el padrón electoral— tendrán una misión que va más allá de las atribuciones que les otorgan las leyes y otras normas accesorias.
En ellos residirá la posibilidad de reanimar la debilitada confianza que se tiene en las instituciones que edifican y sustentan la democracia, esa que Bolivia recuperó hace 37 años y los bolivianos, todos, construimos o destruimos cada día en cada uno de nuestros actos como ciudadanos.
Por ello, no es extraño que también a nivel de los jurados electorales surjan irregularidades. En medio de denuncias de inscripciones sospechosos, como el de una persona que vive hace diez años en Estados Unidos pero aparece inscrita para votar en Santa Cruz, el periodista Mario Espinoza afirmó conocer a una persona que no participó en los últimos tres procesos electorales pero ahora aparece como jurado. Algo más: ella vive desde hace diez años en Canadá y fue por eso, precisamente, que no votó en las tres últimas elecciones.