Carlos Alarcòn, asesor jurídico de CC y candidato a diputado /COMUNIDAD CIUDADANA

El asesor jurídico de Comunidad Ciudadana (CC) y candidato a diputado, Carlos Alarcón, afirmó que, la brutal represión a los indígenas en Chaparina, que se oponían a la construcción de la carretera que tenía que atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), fue por "un alto interés económico para beneficiar al conglomerado empresarial brasileño OAS".

El 25 de septiembre de 2011, en Chaparina, los indígenas del Tipnis, entre los que había mujeres, niños y adultos mayores, que se oponían a la construcción de la carretera por su territorio, sufrieron una de las más brutales represiones de las últimas décadas, a manos de la Policía bajo el mando del ex ministro Sacha Llorenti.

"El ex presidente de la empresa OAS, Leo Pinheira, señaló que existiría un acuerdo entre el entonces presidente Lula Da Silva, con el actual Presidente Evo Morales, para otorgarle a OAS alguna construcción de caminos en Bolivia a cambio de que asuma la conclusión de la carretera Potosí - Tarija", dijo Alarcón en conferencia de prensa.

Según el jurista, el proyecto que se habría otorgado a OAS a raíz de ese acuerdo irregular entre Lula y Morales fue la carretera que cruzaría el corazón del Tipnis, pero que se frustró debido a una movilización masiva de comunidades indígenas que habitan en ese territorio del país.

QUEIROZ, OAS Y DECRETOS CONTRADICTORIOS

La información proporcionada por Pinheiro, a decir de Alarcón, explica por qué de facto se endosó el contrato que tenía bajo su cargo la empresa QG al grupo empresarial OAS, que no tenía nada que ver con la construcción de este tramo carretero.

"Ahora también se explica por qué existieron dos decretos opuestos y completamente contradictorios firmados por el Presidente Evo Morales y por la actual diputada del MAS, Susana Rivero, que presidió la Comisión de Investigación del Caso Lava Jato", señaló Alarcón.

El primer decreto avalaba todas las sanciones que implementó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contra la QG, desde la resolución del contrato, el cobro de la boleta de garantía y el enjuiciamiento penal de sus directivos.

Mientras que el segundo es prácticamente opuesto, porque le autoriza a la ABC que quede sin efecto y se devuelva la boleta de garantía, la cual fue ejecutada, pero, además, se reconoce a la QG un monto de 23.7 millones de dólares por planillas atrasadas y otro rubro de 7,8 millones por concepto de varios, lo que hace un total de 45,3 millones de dólares. A esto se debe sumar el desembargo de toda su maquinaria y la autorización de incremento del monto inicial de su contrato de 180 millones a 226 millones de dólares.

"La gran beneficiada resultó la Queiroz Galvao, que terminó endosando de facto el contrato a la OAS, cuando meses antes, en el primer decreto, se señalaba que el mayor daño económico para el Estado y que el mayor acto de corrupción era la carretera hecha por esta empresa", manifestó Alarcón.



"COMISIÓN DE

ENCUBRIMIENTO"

Luego de explicar los vínculos de QG, OAS y el Gobierno boliviano, Alarcón calificó a la comisión que investigó el caso Lava Jato como la "Comisión del Encubrimiento", ya que fue presidida por la diputada Susana Rivero, quien a su vez fue la que firmó, siendo ministra del gobierno de Evo Morales, los decretos contradictorios.

"Esta comisión dirigida por Susana Rivero, que firmó estos decretos opuestos e incompatibles, no le dio la gana de investigar a la empresa OAS, queda claro que lo que se intentó hacer en ese momento fue una Comisión de encubrimiento de estos hechos de la OAS y no una comisión de averiguación de la verdad", dijo Alarcón.

Alarcón señaló que la Comisión de investigación no quiso investigar el caso de la empresa OAS a pesar del pedido expreso que hizo el candidato de CC, Carlos Mesa, "para que se investiguen todos los casos de todos los gobiernos y especialmente el caso de la OAS, que no le dio la gana de investigar a la Comisión, presidida por una presidente que firmó estos dos decretos opuestos".



ANTECEDENTES

La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pretendía atravesar por el Tipnis fue considerada la tercera más cara del país después de la ruta Cotapata-Santa Bárbara y Padilla-Monteagudo.

Se estimó que el costo de $us.1.44 millones por kilómetro acordado entre la ABC y OAS era totalmente desproporcionado y no debía los $us.750.000, el valor medio de las carreteras con complejidades similares.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Cochabamba (SIB), José Méndez, dijo en aquella oportunidad que después de un estudio realizado por la institución, los sobreprecios del proyecto acordado entre el gobierno de Morales y OAS eran de al menos $us.100 millones. Por su parte, el presidente emérito de la Asociación de Ingenieros de Cochabamba (Asieme), Gonzalo Maldonado, dijo que el camino no debería tener un presupuesto mayor que $us. 265 millones.