Los promotores de las construcciones ilegales encima del límite urbanizable del Parque Nacional Tunari, en la cota 2.750 msnm, en la zona de Pucun Pucun, en Tiquipaya, trabajan como “hormiguitas” para evitar las demoliciones de la Alcaldía e identifican sus asentamientos con banderas azules del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con impotencia, el presidente del Control Social, Cristóbal Pereira, declaró: “No podemos hacer mucho, pese a que hay una nota del INRA que recomienda paralizar las construcciones”. Explicó: “La gente trabaja como hormiguita desde medianoche.

Hoy vemos un terreno vacío y al día siguiente aparece el cimiento de una casa”.

Expresó que este tipo de asentamientos también les impide acceder a recursos del Plan Operativo Anual a(POA), porque no cuentan con personería jurídica. “Quieren ser considerados dentro del  Distrito 5 para poder disponer de presupuesto”, informó.

En un recorrido se verificó la existencia de más de 50  viviendas de adobe y ladrillo.  Gran parte de las edificaciones  se encuentra en las faldas de la cordillera.

Las construcciones se distinguen del resto porque en sus techos está la bandera del MAS. Otro aspecto es que algunas casas  se emplazaron cerca de las franjas de seguridad de las torrenteras y en quebradas, por lo que corren el riesgo de ser afectadas por  inundaciones.

Los asentados tienen agua potable y energía eléctrica. Sin embargo, todavía  enfrentan dificultades para trasladarse porque las vías no están consolidadas.

Al menos 13 interesados se disputan el derecho de 15 hectáreas de tierras en la zona, informó el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Franz Lavayén. Mencionó que las pugnas legales generaron dificultades en el saneamiento de los predios.

“Ya ha salido una resolución que define que ese sector es un área comunitaria en mérito a que la comunidad Chilimarcaha ha demostrado que tiene antecedente agrario”, dijo Lavayén.

La comunidad demostró que inició el trámite en 1953  para consolidar su derecho propietario como “área colectiva”. “En mérito a ese antecedente agrario es que nuevamente le estamos reconociendo como INRA, declarando como ilegal los asentamientos como el de Retamas (Pucun Pucun) y otros”, dijo.

Sin embargo, la pugna de los interesados por hacer  prevalecer su derecho propietario hizo que  la resolución esté en apelación en el Tribunal Agroambiental. Pese  al conflicto, los loteadores presionan a los compradores para que construyan de inmediato.

El director departamental del INRA expresó que  la institución no tiene tuición para demoler viviendas, por lo que envió una nota a la Alcaldía  de Tiquipaya para que realice los procesos administrativos y legales para desalojar a los asentados sobre la cota 2.750.

Similar recomendación envió hace más de un año el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Concejo Municipal al alcalde Juan Carlos Ángulo, tras inspeccionar la zona de recarga hídrica. La respuesta del Ejecutivo municipal fue ambigua y las construcciones siguen.

379 mil bolivianos invirtió el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía para ampliar redes de agua en la comunidad de Pucun Pucun en 2017.

DENUNCIAN A ALCALDE POR  AVASALLAMIENTO

El presidente del Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac), Jaime Ponce, informó que solicitaron adherirse a la denuncia que presentaron en 2018 dirigentes vecinales contra el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo, por incumplimiento de deberes y atentado al medio ambiente por permitir que los loteadores avasallen el Tunari.

“Tenemos conocimiento que incluso ha gestionado recursos económicos ante el Ministerio de Medio Ambiente para la instalación de redes de agua potable, sabiendo que es área de recarga acuífera y de preservación  ecológica”, declaró Ponce.