Por esto, resulta preciso poner en perspectiva la coyuntura electoral, es decir observarla en relación con el proceso político más general y con la dinámica del conflicto político a mediano plazo. El presente trabajo indaga sobre las principales características que rigen el proceso electoral boliviano, en cuanto a actores, objetos y discursos, pero circunscribiéndolo al campo de conflictividad vigente y a las coordenadas más generales del recambio de la matriz sociopolítica del último ciclo. Aquello implica adoptar una mirada más integral, que no reduzca el momento político actual a la contienda electoral, aunque ésta sea sin duda un elemento fundamental en la reconfiguración posterior del poder político.

La primera cuestión supone identificar los rasgos fundamentales del proceso político de las últimas décadas, para perfilar el campo de acción en el que se desenvuelven las fuerzas políticas en la actualidad. Si algo ha caracterizado a este periodo, que puede ser englobado como “Proceso de Cambio”, es la procura de instalar un horizonte político de reconfiguración del poder político y económico a nivel internacional y nacional. Como se sabe, en Latinoamérica este periodo implicó vastos intentos de instituir un mapa geopolítico distinto a la década de los 90, recuperando márgenes de autonomía estatal en relación a la hegemonía norteamericana y al capital financiero. A nivel nacional, esto se tradujo en una mutación en la orientación de la política pública, tanto en términos de democratización política como económica. Los efectos más relevantes fueron sido sin duda la incorporación de vastos sectores indígenas y populares al Estado con sus distintas gramáticas y formas institucionales, aún en disputa, así como la implementación de una política económica basada en el retorno estatal y la redistribución de la riqueza vía igualación por consumo.

Este recambio de la matriz sociopolítica estableció un nuevo marco de relacionamiento entre el Estado, el régimen político y la sociedad incorporando una nueva forma de gestión de la cosa pública que posicionó como centro al Estado e incorporó otros sujetos políticos con formas híbridas en el ejercicio del poder y la representación. Este “cambio de época”, que puede ser leída en clave regional, ha sido caracterizada como un momento postneoliberal. Post en el sentido en que no significó una ruptura radical con el orden social precedente, sino que se instaló sobre un piso previo adicionando nuevos elementos en el ordenamiento social que hoy rigen el campo de acción de las fuerzas políticas, tanto en términos de gobernabilidad como de conflictividad. Los resultados fueron ciertamente paradójicos: una política de redistribución anclada en la economía extractiva, la incorporación política popular contradictoriamente abreviada en el liderazgo presidencial, una tensión cultural entre distintos tipos de racionalidad política, ya sea liberal, burocrática, corporativa o comunal en el Estado, entre otras. Progresivamente, estas tensiones signaron el desgaste político gubernamental y se configuraron como las principales líneas de la conflictividad actual. A esto se sumó la propia acumulación de equívocos del gobierno de turno en términos de gestión pública, de manejo del conflicto, de concentración de decisiones, corrupción, entre otros que ocupan hoy gran parte de la opinión pública.

Efectivamente, en los últimos años este proceso empezó a entrar en crisis de forma convergente en varios países de América Latina, a la luz de las derrotas electorales de las fuerzas de izquierda o centro izquierda, de la inercia de la agenda pública y de la pérdida paulatina de capacidad hegemónica. En Bolivia, sus efectos en términos políticos dieron cuenta de una reconfiguración de las relaciones de fuerza, dadas las escisiones en el campo popular y la recomposición de las élites políticas de antaño. Así, dentro del bloque popular los pactos corporativos se empezaron a renegociar de forma más volátil, a tiempo que emergieron bastiones de oposición, todavía adyacentes, como resistencia al vaciamiento del discurso político de izquierda y a las tendencias cada vez más centralizadas del poder político. En tanto, frente al desgaste del MAS, las élites políticas lograron recomponer parcialmente su lugar en el juego político haciendo uso de los traspiés oficialistas y procurando presentarse como una alternativa que integra los aspectos más positivos del régimen, sobre todo en cuanto a política económica, y desechando los aspectos más perniciosos del gobierno en cuanto a gestión política y gubernamental. Ciertamente, éstas no estuvieron del todo fuera, pues entablaron distintos pactos principalmente económicos con el Estado, pero se subsumían inicialmente en el proyecto político del cambio.

Precisamente, el 21 F fue un punto de inflexión de la continuidad hegemónica del MAS, pues tuvo como sustrato un debilitamiento político y moral del “Proceso de Cambio”. Así, la persistencia oficialista en la reelección presidencial, aún a costa de los resultados electorales, logró posicionarse como baluarte discursivo de la oposición y generar una articulación ficticia de negación al continuismo del MAS. Sin embargo, esta articulación se construyó desde una diversidad de cuestionamientos que solo tuvieron en común la negatividad relativa a la forma de manejo del poder político del MAS. Una cuestión que inicialmente logró ser direccionada por las “plataformas ciudadanas” bajo el alegato democrático, pero que paulatinamente se erosionó evidenciando los matices de la crítica y, en última instancia, la priorización más pragmática del electorado. En cierto modo, las tendencias electorales actuales dan cuenta de esta naturaleza paradojal del posicionamiento colectivo frente al MAS: se avala y reconoce la gestión pública, pero no se quiere la reelección. Un elemento no menor que podría explicar por qué el MAS continúa siendo la primera fuerza electoral.

En todo caso, la dinámica del conflicto posterior demostró que los temas o conflictos más relevantes del campo político boliviano tuvieron como centro la relación entre el gobierno y la clase media tradicional, por temas como la salud, el medio ambiente, la democracia, la violencia contra la mujer, entre otras. Sin embargo, los conflictos continuaron siendo fragmentados y no lograron consolidar un relato común, menos un proyecto político alternativo. A tal punto, que se puede afirmar que ninguna de estas demandas tuvo hasta ahora una traducción política, pues no logró ser encarnada con eficacia por la oposición partidaria.

Quizás lo más relevante es que progresivamente se fue configurando un escenario político sumamente complejo y ambiguo, en el que resulta difícil identificar posiciones y distinguir discursos que en cierto modo comparten el marco interpretativo del “cambio de época”: la defensa de la democracia, del medio ambiente, de las mujeres, de los jóvenes, entre otras. Visto así, el escenario político parece demarcarse hoy por dos características: una en términos simbólicos, en la que se instala una batalla por resignificar los contenidos simbólicos que el MAS había abanderado durante la última década. Y otra en términos prácticos, que da cuenta de un escenario electoral más competitivo para la oposición como fruto del resquebrajamiento de la hegemonía del MAS, aunque todavía desde el influjo de una parte de la sociedad civil.

En tanto, las respuestas del oficialismo fueron hasta ahora precarias. De hecho, resulta evidente la poca capacidad de anticipación, el inmediatismo de las respuestas gubernativas y fundamentalmente la poca capacidad de recomposición de su relato para acoger las nuevas líneas de conflictividad que empiezan a dibujar el mapa político nacional. El gobierno optó por un discurso más nostálgico anclado en la defensa de la estabilidad y de los logros pasados en términos de democratización política y económica, que expresa su agotamiento por su poca capacidad de irradiación en las urbes y que contrasta fuertemente con el vaciamiento ideológico y la priorización de una agenda cada vez más pragmática. De modo, que el poder del oficialismo parece no residir tanto en la eficacia en la gestión y resolución de problemas, sino en el respaldo de una coalición de poder con fuerza de base rural y urbano popular que le permite sostenibilidad aun en escenarios hostiles.

Si se escudriña en los proyectos políticos que subyacen a las fuerzas electorales, en cuanto a la naturaleza de los bloques de poder, a la lógica que rige su composición y a la plataforma programática que impulsan, el sustrato electoral del MAS comprende una base social de tipo nacional popular en el que se articulan organizaciones urbano populares e indígenas comunitarias principalmente de occidente y a la que se suma un sector de la burocracia estatal.  La bisagra se cimienta tanto en prácticas de intercambio político predominantemente corporativas como en procesos de identificación popular que reconocen al “Proceso de Cambio” como una plataforma de reconocimiento, representación y redistribución. Vale la pena señalar, el papel de Evo Morales como gran unificador y mediador de organizaciones que operan muchas veces en franca contradicción.

Del otro lado, la victoria del 21F pudo haber supuesto el germen de un nuevo bloque opositor, capaz de articular las múltiples fuentes del descontento frente al MAS en una fuerza electoral unificada y en un proyecto político contrahegemónico. Empero, la persistencia en apelar a la consigna democrática no logró recoger el carácter multidimensional del posicionamiento colectivo frente al MAS, convirtiéndose paulatinamente en un relato acotado que ni si quiera pudo articular una sola fuerza electoral. En rigor, el 21f no consiguió operar como un referente efectivo en términos de representación en la arena político-electoral. La insistencia en el antievismo reveló, en cambio, la carencia de otro proyecto de país y que hoy el margen de la oposición partidaria se juega apenas en dar señales de cambios parciales. Si se ahonda en los programas electorales y en la propia composición de las listas de candidatos, éstas no lograron responder a la naturaleza y a las expectativas de un electorado potencial.

Por esto, no resulta llamativo que en el curso del proceso electoral la oposición no haya logrado canalizar con efectividad el descontento frente el MAS, sobre todo porque tanto su composición como la naturaleza de sus programas expresan la ausencia de una propuesta política diferenciada y la poca capacidad de renovación política que tanto vociferaban. Actualmente, los dos grandes partidos de oposición comprenden en su composición social el retorno de las élites políticas tradicionales. Por un lado, Comunidad Ciudadana incorporó a sectores de la clase media profesional en sus listas de candidatos y enarboló un discurso meritocrático que recuerda al retorno de la política de los notables. Su estrategia política procura en términos generales a instituir, con poca efectividad, el clivaje dictadura/democracia, a restituir la vigencia de las instituciones políticas (liberales) y a minimizar los logros políticos y económicos del MAS. Mientras tanto, “Bolivia dijo No” representa a una oposición más regionalizada anclada en el oriente que articula a un sector del empresariado agroindustrial, financiero y de servicios. Su estrategia procura retomar la descentralización como bandera e instituir una gestión transparente y eficiente diferenciada del centralismo estatal. Como se aprecia, el modelo económico no es un tema central, la oposición apunta por ahora a dar continuidad a las políticas económicas oficialistas con algunas variaciones, como dar mayor apertura a la inversión privada (Comunidad Ciudadana) o propiciar un desarrollo económico y una redistribución de recursos más localizada (Bolivia Dijo No). Quizás lo relevante es que la fuerza de la oposición proviene de un influjo extrapartidario- los colectivos ciudadanos- y de un sector de la población que adopta cada vez más nuevos tópicos en su ejercicio político, en relación al papel del Estado, al medio ambiente, a las mujeres, a la participación indígena, entre otros. Hay un sector social sin representación en forma de ecologistas, jóvenes, feministas, etc.

En ese marco, la contienda electoral evidencia en términos sociopolíticos un proceso de transición que instala nuevas coordenadas prácticas y simbólicas para la lucha política en el contexto de desgaste hegemónico del MAS. Por una parte, en términos prácticos, todavía no se juega una ruptura hegemónica sino una distribución parcial del poder político. Las encuestas electorales demuestran que el MAS continúa siendo la primera fuerza electoral, aunque no con los grandes márgenes del pasado. El MAS redondea el 35 %, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) comprende un 25% y Bolivia dice NO cerca al 10%. Un dato importante es el clivaje urbano/rural del electorado que confirma la naturaleza social de las fuerzas políticas en carrera. De todas formas, el punto en cuestión radica en ver si el MAS logrará ganar en primera vuelta aventajando con 10% al segundo lugar y evitando así el escenario más complejo y polarizado de la segunda vuelta. Una pugna que se resolverá si el oficialismo o la oposición logran acoger al gran porcentaje de indecisos en los que hoy se centra el proceso electoral. Lo que sí parece evidente es la pérdida de los dos tercios del oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional que le permitieron gobernar hasta ahora con amplia discrecionalidad. De modo que las elecciones ponen hoy a prueba a la magnitud de la legitimidad del MAS, mientras que la oposición se juega su oportunidad para acceder a una plataforma con mejores oportunidades para su despliegue político y para afrontar las reformas institucionales que tanto añora.

Por otra parte, más relevante resultan las nuevas dinámicas en la sociedad civil que expresan progresivamente un desplazamiento semántico en torno a los conceptos centrales del “Proceso de Cambio”: ecología, indígenas, mujeres, etc., que curiosamente coexisten con ciertos resabios racistas y denotan efectivamente el propio deterioro del discurso oficialista, pero en un sentido reactivo más afín a la política de las identidades. En términos generales, se puede hablar de la participación activa de un segmento de la sociedad civil que abandera los fenómenos ambientales, culturales, étnicos y de género desde la política de la identidad y el reconocimiento. Vale la pena enfatizar en esto último porque hay aquí un proceso todavía muy embrionario de un proyecto político de derecha que emerge ante las propias grietas del “Proceso de Cambio”. Desde esta perspectiva, las demandas son enarboladas de forma parcial y dislocadas de sus determinaciones socioeconómicas. Se advierte así un desplazamiento semántico, en el que se reapropia banalizando algunos de los elementos propios de los procesos de transformación operados por la izquierda para ocupar también sus espacios simbólicos y sus vacancias.