Rafael Puente

En vísperas de las próximas elecciones para autoridades del Órgano Judicial y a raíz de una llamada opositora al voto nulo, han surgido voces temerosas que exigen se prohíba ese tipo de campaña, porque "votar nulo sería un acto antidemocrático” y afirmaciones por el estilo.

 

 A ver, seamos razonables: si el voto es secreto –hasta ahora a nadie se le ha ocurrido (todavía) modificar el carácter secreto del voto– está claro que los electores/as pueden de hecho votar en blanco, y también votar nulo. Más aún, el articulo 161 de la Ley de Régimen Electoral da por hecho que puede haber votos nulos, como también votos en blanco y establece que sus respectivas cifras deben constar en los cómputos elaborados por el Órgano Electoral.

 

Se sabe que en las anteriores elecciones judiciales ganó la suma de votos nulos y blancos, pero eso no fue porque hubiera una tremenda campaña a favor de dicho voto, sino que fue expresión de la desorientación que tenía la gran mayoría de la población respecto de esa elección, en la que se ignoraba la personalidad, la historia y la calidad de los candidatos y candidatas. 

 

La lección que debíamos haber sacado de dicha elección es que no se puede pedir un voto consciente sin haberlo acompañado previamente de información fidedigna; en ningún caso se puede deducir de ahí que lo mejor sería prohibir el voto nulo, y si eso no se puede por lo menos prohibir una campaña por el voto nulo…

 

Lo que pasa es que para estas próximas elecciones sí hay más información disponible respecto de los y las candidatas, y ha salido por ejemplo el dato de que un 76% de la lista está conformado por exfuncionarios de Gobierno (incluyendo dos viceministros). Por supuesto, no se puede excluir que un exfuncionario de Gobierno pueda hacer un buen papel en el Órgano Judicial, pero el porcentaje mencionado resulta alarmante, sobre todo porque confirma que la selección de candidatos se ha hecho con criterio político-partidario (y no con criterio social/estadual). 

 

Si a esto le añadimos la triste participación de las universidades (con excepción de la Universidad Mayor de San Andrés) en dicho proceso de selección, así como la inclusión de preguntas, que parecían dirigidas a alumnos de quinto de primaria, no nos puede extrañar que en diciembre el número de votos blancos y nulos sea muy elevado (sin necesidad de propaganda). Pero, al margen de todas estas consideraciones, no se puede pedir que se prohíba un voto que está reconocido por la ley.  ¿No nos damos cuenta de que con ese tipo de actitudes emponzoñamos más de lo que ya está el panorama político? 

 

Y aunque me salga del tema de las judiciales, vale la pena mencionar como otro ejemplo empozoñante el comentario de nuestro Presidente sobre la primera Constitución boliviana (la de 1826), que establecía el carácter vitalicio de la presidencia del Estado. ¿Será consciente nuestro Presidente de que nos está poniendo como modelo una Constitución absolutamente neocolonial, elaborada por una mayoría de constituyentes que no habían estado activos en la lucha por la independencia, sino que eran tránsfugas que habían abandonado la causa española simplemente porque que estaba perdida? 

 

¿Es consciente de que precisamente por eso esa mayoría de delegados (cuyo único objetivo era conservar en la nueva república el poder colonial) se dedicaron a adular a Simón Bolívar y por eso le ponen su nombre al nuevo país independiente y nombran al Libertador presidente vitalicio? La  ventaja de Bolívar es que no se dejaba seducir así nomás y por eso cuando vio que con esa Constitución el país era ingobernable, se fue para no volver…

 

Volviendo a las elecciones judiciales de diciembre, lo sensato será analizar sus resultados (sin pretender influir en ellos) para sacar las conclusiones correspondientes. De lo contrario, seguiremos quitándole coherencia y futuro a este proceso de cambio que tanto nos ha costado…

 

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.