Todavía me queda en la memoria el atropello cometido por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro cuando en agosto de 1985, tras dictar el decreto 21060, al advertirse las movilizaciones ciudadanas, agentes del régimen allanaron las instalaciones del Canal Universitario para destruir sus equipos y así  evitar que este medio sea  portavoz de sectores populares, acallándolo por más de un año. 

También recuerdo, los atropellos cometidos por los grupos de choque del gobierno de Evo Morales cuando allanaban instalaciones de canales televisivos y radios, incluso apedreándolos por difundir noticias molestosas para el régimen. En estos y otros casos me correspondió intervenir precisamente en defensa de la libertad de prensa. Inspiraron mi innata solidaridad las constantes protestas de asociaciones de medios, de periodistas y trabajadores de la prensa, ante acontecimientos similares a los señalados. Esta actividad también me impulsó a ejercer la cátedra que actualmente ostento en la carrera de Comunicación Social de la UMSA, regentando la materia de Legislación y Ética en la Comunicación. 

Implica que mi compromiso con la libertad de prensa en todas sus dimensiones será de por vida. Sin embargo, en los últimos tiempos, con decepción e impotencia, advierto que las históricas víctimas de quienes desde el poder atentan contra la prensa se fueron convirtiendo en cómplices y celestinas de estos atropellos que ofenden la dignidad humana y causan profundas heridas a la democracia y el Estado de Derecho que, espero, no se tornen irreversibles. Expreso estos criterios porque, frustrado, advierto que connotados periodistas deben dejar su fuente de trabajo solamente por ejercer su oficio con ética profesional, difundiendo noticias o emitiendo comentarios que no agradan al gobierno, el cual con sólo restringir la publicidad al medio, utilizando como cómplice a su propietario, consolidan la flagrante violación de derechos humanos, y de esto son varios casos. Las noticias deliberadamente ignoradas por evitar la molestia del poderoso, constituyen otra prueba de lo manifestado. 

El problema que expongo está llegando a límites injustificables con lo acontecido en los últimos días, cuando el Tribunal Supremo Electoral decide arbitrariamente vetar la publicación y difusión de una encuesta elaborada por varias universidades públicas junto a la UMSA y la Fundación Jubileo, pese a tratarse de un trabajo realizado de la manera más responsable, transparente e imparcial posible,  bajo falsos argumentos que sólo demuestran la absoluta subordinación de este organismo al poder político. 

Todos sabemos que la causa para la ilegal prohibición obedece a los resultados objetivos de la encuesta, que si bien muestran que el candidato Evo Morales continúa encabezando la intención de voto con un 31%, también  evidencian que la diferencia con el segundo es menor a la que mostraban anteriores encuestas. El margen de error es muy bajo como para restarle credibilidad al trabajo realizado, máxime si se llegaron a encuestar más de 14.200 personas, a diferencia de las otras encuestas, las que actuaron sobre una base de 1.500 a 2.000.  

No tiene  que extrañarnos el comportamiento de los vocales del TSE, lo que sí preocupa y a eso quiero llegar, es el comportamiento absolutamente injustificable de los medios de difusión, excepto el Canal Universitario. Resulta que, sin que la Sala Plena del citado tribunal se pronuncie y emita una resolución, los medios de difusión escrita, televisiva y radial decidieron sumarse al veto, subordinándose sin ningún argumento jurídico a la inconstitucional prohibición, soslayando la primacía de la Constitución Política del Estado, que garantiza la libertad de prensa, libertad de expresión, libre difusión de ideas y, sobre todo, el derecho a la información. 

Lo más grave, un día después de este flagrante atropello, los mismos medios que se sumaron al irregular veto publicaron y hasta promovieron debates sobre una última encuesta promovida por el gobierno donde obviamente se ubica al candidato Evo Morales por los cielos, como queriendo decir acá sólo vale lo que venga por instrucción desde arriba.  Con esta actitud, los medios y especialmente sus propietarios nos están demostrando que para ellos la ética periodística y los principios democráticos no valen, es más importante el interés comercial, no perder publicidad del Estado y estar en buena relación con los dictadores. Si esa es la idea, que no se quejen los medios cuando la dictadura termine por consolidarse y la libertad de prensa quede sepultada por esta repudiable complicidad de la misma víctima. ¿Será que están padeciendo el Síndrome de Estocolmo?

Waldo Albarracín es rector de la UMSA.