Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: viernes 20 de septiembre de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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De acuerdo con los datos divulgados ayer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solo el MAS-IPSP cumplió con las disposiciones legales porque su lista de postulantes cumple con la paridad y alternancia, y por ello no tiene espacios vacantes
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“La única organización política que cumplió con la normativa es el MAS-IPSP y no tiene observaciones”, afirmó la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
En cambio los otros ocho frentes tienen desde cinco a 244 espacios que no lograron completar con las nóminas de sus postulantes.
Por ejemplo, la alianza Comunidad Ciudadana (CC), que postula a la presidencia a Carlos de Mesa, tiene cinco (una mujer y cuatro varones) espacios “pendientes de sustitución”, según los datos de la Secretaría de Cámara del TSE y del Observatorio de Paridad Democrática.
Luego están: la alianza Bolivia Dice No (21F) con 26 (11 mujeres y 15 varones), el Movimiento Tercer Sistema (MTS) con 31 (16 mujeres y 15 varones), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con 42 (20 mujeres y 22 varones), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con 58 (30 mujeres y 28 varones), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 162 (81 mujeres y 81 varones), el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) con 166 (80 mujeres y 86 varones) y el Frente Para la Victoria (FPV) con 244 (125 mujeres y 119 varones).
Frente a ello, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, recordó que la misión del “Órgano Electoral es garantizar que se cumplan los criterios de paridad y alternancia en las listas de candidaturas”, por lo que emplazó “a las organizaciones políticas a que cumplan con la normativa”.
No obstante, el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Juan Pablo Torres, recordó que “el tiempo de sustitución (de candidatos) ya se cumplió (el 5 de septiembre), la actividad ha concluido” y que ahora ya “no hay nada coercitivo que obligue a las organizaciones políticas a cumplir con estos parámetros”.
