La agrupación política de Carlos de Mesa, en el marco de su propuesta de Estado regulador, propone “racionalizar” el número de servidores públicos, achicar ministerios e instituciones públicas y terminar con el extractivismo. Sin embargo, si estas propuestas electorales se aplican, significarían el despido de más de 200 mil personas.

A menos de un mes de las elecciones generales del 20 de octubre, fue Gustavo Pedraza, candidato presidencial de Carlos de Mesa, quien intensificó su tour mediático y comenzó a dar pistas preocupantes de su plan de gobierno. 

Una primera pista la emitió el 4 de septiembre, cuando dijo que se deben aplicar ajustes al modelo económico vigente para que el Estado tenga solo un papel “regulador” y “fiscalizador” de la economía, y que, en definitiva, la iniciativa privada sea la que la dinamice.

“El Estado tiene que ser un regulador, tiene que ser un controlador”, sostuvo el postulante vicepresidencial de Comunidad Ciudadana (CC). 

En términos generales, esta propuesta de ver al Estado como un ente regulador fue aplicada en el período neoliberal (1985-2005). El Estado de bienestar fue achicado a su mínima expresión, casi “residual”, y se dio paso al interés privado y particular que tomó las decisiones con criterio mercantil, sin importar el costo social, lo que detonó el levantamiento popular de octubre de 2003 que tuvo un saldo de 67 muertos.  

En la lógica del Estado regulador surgieron entonces las superintendencias, instancias (que tuvieron su auge con Gonzalo Sánchez de Lozada) dedicadas a ser algo así como árbitros de la iniciativa privada. 

Al respecto, el presidente Evo Morales dijo que reducir al Estado —que en la actualidad invierte y produce— a un ente regulador, es igual que proponer el retorno al pasado privatizador y enajenador. “Si resumimos qué es un Estado regulador, que no es un Estado inversor, es un Estado que no invierte ni administra, por tanto no produce, y ¿qué regula? Regula a los privatizadores o a las empresas transnacionales. Esto sí es volver al pasado. Para el movimiento popular, ¿cómo se entiende? El Estado regulador es el Estado enajenador, el Estado privatizador”, enfatizó Morales el martes. 

La segunda pista del plan de gobierno si es que Carlos de Mesa llega al Gobierno, fue emitida también por su vicepresidenciable Gustavo Pedraza. Él sostuvo que se necesita “racionalizar” el Estado, los ministerios y el número de servidores públicos.

“Racionalización diría yo, no solo en un nivel de empleados públicos, sino también en el tamaño del aparato estatal, en el número de ministerios, en el tamaño de instituciones que probablemente no estén cumpliendo un rol”, manifestó Pedraza en entrevista con Erbol.

“Racionalización” es un eufemismo (palabra con que se sustituye a otra más grosera, impertinente) usado por los neoliberales para acaramelar el despido masivo, la masacre blanca. A la destitución laboral prefieren llamarla “desvinculación” y a la exoneración masiva la denominaron “relocalización”.

Por si fuera poco, la propuesta de gobierno de Comunidad Ciudadana indica que se hará desaparecer el extractivismo.

Según el vicepresidente Álvaro García Linera, eliminar el extractivismo significaría que desaparezcan las minas, fábricas, producción de gas, de petróleo y de litio, espacios donde trabajan un millón de personas (incluidas las familias de los trabajadores) y en los cuales se generan millonarios ingresos para Bolivia. La propuesta de la agrupación de Carlos de Mesa de implantar un Estado regulador, reducir el aparato estatal y “racionalizar” servidores públicos, se asemeja al planteamiento de Mauricio Macri, quien también impulsó el achicamiento estatal y la reducción de ministerios.