El CPJ es una entidad consultiva que promueve la defensa a la libertad de prensa en el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Está acreditada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

El 11 de septiembre, el Tribunal Electoral divulgó un comunicado de prensa que declaraba que una encuesta encargada por la estatal Universidad Mayor de San Andrés había violado las regulaciones sobre financiación en virtud de la Ley Electoral de 2010 de Bolivia, y que por tanto no debía difundirse públicamente.

La mencionada ley estipula que toda organización noticiosa que publique una encuesta que haya sido prohibida por el tribunal puede ser sancionada con multas basadas en las tarifas publicitarias de la organización, y se le puede prohibir la publicación de futuras encuestas.

La encuesta mostraba que el presidente Evo Morales estaba en una reñida contienda electoral en la antesala de las elecciones presidenciales de octubre, con solamente el 31.1 % de la intención de voto, lo cual activaría una segunda vuelta, según informaciones de prensa.

“Si Bolivia desea estar a la altura de su declarado respeto por la libertad de prensa, debe reformar sus leyes electorales para permitir que las organizaciones noticiosas puedan informar libremente sobre todos los resultados de las encuestas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

“Si las autoridades bolivianas desean dar señales de que las elecciones del 20 de octubre son imparciales y democráticas, impedir la publicación de una encuesta que muestra que el presidente Morales enfrenta una reñida contienda transmite exactamente el mensaje opuesto”, afirmó.

En su comunicado, el tribunal declaró que la encuesta se había realizado con financiamiento internacional, lo cual, expresó, estaba prohibido de conformidad con las regulaciones electorales bolivianas. Sin embargo, el tribunal ha permitido la publicación de otras encuestas que habían sido patrocinadas por organizaciones internacionales y que habían indicado que Morales gozaba de mayor ventaja, según informaciones de prensa.

En una carta enviada al tribunal, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia declaró que la decisión violaba el derecho ciudadano a ser informado. El sitio web Tu Voto Cuenta, dirigido por la Universidad Mayor de San Andrés y los patrocinadores de la encuesta, dejó de mostrar sus informaciones y simplemente despliega la palabra “censurado”.

ALBARRACÍN

Ayer, Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), envió un nuevo informe escrito al TSE con el que espera que dicha instancia levante el veto inconstitucional a la encuesta de “Tu voto cuenta” que realizó con la Fundación Jubileo y varios medios de comunicación.

“Ya no existen argumentos ni excusas para que el Órgano Electoral se niegue a levantar el veto inconstitucional luego de que se envió una última carta de aclaración por escrito”, afirmó Albarracín y agregó que la censura a “la encuesta más seria e imparcial”, responde al temor del oficialismo sobre “el conteo rápido de votos, la democracia y a la verdadera voluntad del pueblo”.

Días atrás, Edison Lanza, relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la “censura”, en la realización y difusión de encuestas cuando los requisitos se convierten en un “impedimento” o “limitaciones” para su práctica.

Precisó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.

“Cuando estos requisitos se convierten en limitaciones a la posibilidad de realizar o difundir encuestas, la Relatoría dice que podemos estar frente a una situación de censura que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró Lanza en una entrevista concedida a ANF.

Detalló que la Relatoría para la Libertad de Expresión en 2003 realizó un estudio sobre la difusión de encuestas electorales, porque son herramientas importantes para evaluar la marcha de los candidatos y de los partidos políticos, en el marco de un proceso electoral, mientras que para la ciudadanía son un elemento moderno para la toma de sus decisiones.

COMITÉ PARA PROTECCIÓN

DE LOS PERIODISTAS

La CPJ llamó al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para obtener una declaración, pero la llamada no fue atendida.

La entidad observa que la mayoría de los medios privados responden a los intereses del actual Gobierno y los periodistas que lo critican “son objeto de acoso por parte de las autoridades”.

La CPJ observó que el Tribunal Constitucional anuló los límites de la reelección ignorando el resultado de un referéndum constitucional que se opuso a una tercera reelección de Evo Morales.