“El pueblo democráticamente tiene derecho a decidir, y solo tiene dos caminos: volver al pasado o seguir con nuestro Proceso de Cambio, eso el pueblo boliviano decidirá en las elecciones”, señaló Morales durante el acto de entrega de tres tanques de almacenaje y nueve esferas para el procesamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en la refinería Guillermo Elder Bell de YPFB Palmasola, en Santa Cruz.

Como ejemplo de la contraposición de dos visiones y propuestas distintas, Morales puso en un lado de la balanza las políticas ejecutadas por el Gobierno que lidera desde 2006 y las propuestas que realizan las organizaciones políticas, como la alianza Comunidad Ciudadana (CC).

El también candidato a la presidencia por el MAS-IPSP apuntó de manera precisa a la propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) de reducir al Estado a un ente regulador. Morales dijo que esta idea es igual que proponer el retorno al pasado privatizador y enajenador.

El 4 de septiembre, el candidato a la vicepresidencia de la alianza Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, dijo que se deben aplicar ajustes al modelo económico vigente desde 2006 para que el Estado tenga solo un papel “regulador” y “fiscalizador” de la economía, y que, en definitiva, la iniciativa privada sea la que la dinamice.

Morales señaló que esa propuesta apunta a reducir la presencia del Estado —que en la actualidad invierte y produce— y, en consecuencia, retornar al viejo modelo neoliberal y privatizador.

“Si resumimos qué es un Estado regulador, que no es un Estado inversor, es un Estado que no invierte ni administra, por tanto no produce, y ¿qué regula? Regula a los privatizadores o a las empresas transnacionales, esto sí es volver al pasado. Para el movimiento popular, ¿cómo se entiende? El Estado regulador es el Estado enajenador, el Estado privatizador”, enfatizó Morales.

Recordó que la ‘bandera’ del Estado regulador fue levantada en la década de los 90 por Gonzalo Sánchez de Lozada —exaliado del actual candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa— para privatizar las empresas públicas y entregar el patrimonio nacional a las transnacionales.

La economía nacional también sintió las consecuencias de esas políticas que hicieron viable la enajenación de 42 empresas públicas, entre ellas cinco estratégicas: YPFB, ENFE, Entel, ENDE y LAB.

De hecho, solo por la entrega de estas cinco firmas el perjuicio económico para el Estado superó los 9.000 millones de dólares (más de 21.000 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización.

Morales señaló que también las políticas neoliberales tuvieron su impacto en los departamentos. Entre 1993 y 2005, en Santa Cruz se invirtieron 2.358 millones de dólares; en cambio, entre 2006 y 2018 esa cifra se duplicó: llegó a 5.204 millones de dólares.

Además de eso, en tiempos de privatización (1993-2005) la renta petrolero para Santa Cruz era de 363 millones de dólares; en tanto que después de la nacionalización, el 1 de mayo de 2006, trepó a 3.000 millones de dólares.

“Estos datos demuestran que el Estado regulador no benefició al pueblo boliviano”, afirmó el Jefe de Estado.