Hasta ahí el razonamiento en líneas generales es correcto; sin embargo, cae en lo superficial. Si retrocedemos al año 2014 nos topamos con la Ley de Gestión de Riesgos N° 602 promulgada por Evo Morales Ayma en fecha 14 de noviembre. Esta ley establece las bases para afrontar tanto emergencias como desastres en lo municipal, departamental y nacional.
Dicha ley establece la constitución del Comité Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade) conformado por los Ministros de Defensa, Planificación, Medio Ambiente, Obras Públicas y Desarrollo Rural y Tierras encabezados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicho ente tendría a su cargo la gestión del Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Forade), con una base de financiamiento del 0,15% del Presupuesto General del Estado consolidado de gastos, para financiar con carácter prioritario acciones en materia de gestión de riesgos.
¿Qué pasó en el caso de la Chiquitania? El presidente Morales conformó un Gabinete de Emergencia Ambiental el pasado 21 de agosto con los ministerios de Presidencia, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Salud. El Gobierno a través de este Gabinete invirtió hasta el pasado 4 de septiembre alrededor de 11 millones de dólares y 2 millones de dólares más provenientes de la cooperación internacional.
Apelando a datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó el Presupuesto General del Estado para la gestión 2019 por un monto de 214.724 millones de bolivianos (aproximadamente 30.851 millones de dólares americanos), de este monto y valiéndonos de la Ley N°602 el 0,15% de este presupuesto teóricamente debería haberse destinado para el Forade, tal que el fondo ascendería a 322,09 millones de bolivianos (aproximadamente 46,28 millones de dólares americanos) para esta gestión. El Fonarade es cuatro veces mayor al gasto que realizó del Gabinete de Emergencia Ambiental hasta la pasada semana.
Por otro lado, la declaratoria de Desastre Nacional de acuerdo a la Ley N° 602 en el Artículo 32 permite establecer un Régimen de Excepción ante el Desastre. Dicho régimen otorga la capacidad de realizar modificaciones y transferencias entre partidas presupuestarias en todos los niveles del Estado. Así también el Artículo 33 respecto a la Contratación de Bienes y Servicios viabiliza la contratación por Emergencia orientada a la atención oportuna e inmediata de la población y sectores afectados.
Nuevamente, ¿qué tiene que ver con la Chiquitania? La negativa del Gobierno a esta declaratoria de Desastre Nacional responde a una estrategia exclusivamente presupuestaria. El momento en el que el Gobierno ceda en la Declaratoria de Desastre Nacional, la ley obliga a realizar todas las modificaciones presupuestarias necesarias para priorizar la respuesta frente al incendio de la Chiquitania, esto supondría por una parte que se transfiera recursos hacia los Gobiernos Departamentales y Municipales que se han visto rebasados por la magnitud del evento. Por otro lado, que los recursos de todas las instituciones públicas (incluidos Ministerios) se puedan reconducir para atender a la brevedad posible las necesidades de equipamiento, recursos humanos, material, provisiones, maquinaria pesada, entre otros.
Y aquí surge el conflicto, el Gobierno de Evo Morales ha presupuestado los recursos con la perspectiva de afrontar un año electoral, en ese sentido los presupuestos del Ministerio de Gobierno (3.715 mil millones de bolivianos equivalentes a 533 millones de dólares), Ministerio de Presidencia (2.642 mil millones de bolivianos, equivalentes a 379 millones de dólares) y Comunicación (527 millones de bolivianos equivalentes a 75 millones de dólares) se han incrementado considerablemente con relación a la gestión pasada.
La Declaración de Desastre Nacional obligaría al Estado a viabilizar recursos ya comprometidos estrictamente a la campaña, para atender la emergencia de la Chiquitania. En un escenario de esa naturaleza, el Gobierno no tendría más remedio que atender la emergencia a riesgo de mostrar una faceta intransigente e incoherente de persistir inflexible en su posición; priorizar lo político partidario al drama ambiental del Bosque Seco Chiquitano sería un suicidio político para el oficialismo en un contexto de Desastre Nacional, por ahora la opinión pública condena la actitud indolente de la administración de Morales amparada aún en la Declaratoria de Emergencia Departamental del pasado 18 de agosto.
Por ahora lo electoral se impone a la racionalidad.
Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
