Alejandro Oporto V.*

En los últimos días medios de comunicación han difundido declaraciones que aseguran que no se habría cumplido el mandato constitucional respecto al desarrollo del Pacto Fiscal en nuestro país, haciendo referencia a un retraso intencional del Gobierno en la publicación de los resultados del censo, ya que no le interesaría dejar de centralizar los recursos, por lo que el modelo autonómico no terminaría de arrancar.
En estricto apego a la objetividad, creo necesario considerar aspectos importantes, que van más allá de simples hechos; La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización establece que la propuesta técnica para el desarrollo del Pacto Fiscal boliviano debió ser presentada al Concejo Nacional de Autonomías (CNA) en un plazo de 6 meses después de la publicación oficial de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, dichos resultados fueron aprobados con Decreto Supremo Nº 2078 en fecha 13 de agosto del 2014, y la Propuesta Técnica de Diálogo “Rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia” fue presentada al CNA en febrero del 2015, cumpliendo el plazo establecido en la Ley Nº 31, aunque más allá de ver el cumplimiento del plazo, deberíamos interesarnos por conocer los alcances de dicha propuesta.
Se afirma que el gobierno enarbola autonomía y practica centralismo de los recursos, sin embargo el Presupuesto General del Estado para la gestión 2019, de Bs214.724 Millones, muestra que únicamente el 26,5% corresponde al gasto del Nivel Central, y el restante 73,5% distribuido entre las demás entidades – Empresas Publicas (35,1%), Entidades Descentralizadas (16,1%), Entidades Territoriales Autónomas (ETA) (14,1%), Inst. de Seguridad Social (4,2%), Universidades Públicas (2,8%) e Inst. Financieras (1,2%) -. Por el lado de los ingresos se ve que el Nivel Central genera el 44% del total de los recursos, seguido de las Empresas Públicas con el 39% y las ETA solo el 6%, denotando a un Estado distribuidor de los recursos.
Asimismo, manifiestan que el modelo autonómico no habría arrancado ya que las autonomías no tendrían recursos suficientes, siendo que cada nivel de gobierno con autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado del 2009, tiene la facultad de generar sus propios ingresos, sin embargo estos presentan problemas de eficiencia en la administración. Como ejemplo tenemos que para la gestión 2016, 69 municipios no recaudaron ni un boliviano por concepto de Impuestos Municipales, entre estos 33 municipios de Categoría A (hasta 5.000 habitantes), 31 de Categoría B (de 5.001 y 14.999 habitantes) y 5 de Categoría C (de 15.000 a 49.999 habitantes). Para el 2017 fueron más de 50 municipios, denotando ineficiencia en la administración recaudatoria, posiblemente porque están cómodos únicamente con las transferencias del Tesoro General de la Nación, sin hacer algún esfuerzo.
Desde el 2015 hasta la fecha, a través del Pacto Fiscal se desarrollaron 5 etapas de análisis y debate entre los representantes de cada nivel de gobierno (Gobierno Central, Gobernaciones, Región del Gran Chaco, Municipios y Autonomías Indígenas Originarios Campesinas), permitiendo en consenso el establecimiento de diferentes comisiones técnicas orientadas a resolver los factores que dificultan la gestión pública, así como de 25 alternativas de financiamiento para las ETA, orientadas a mejorar y ampliar la generación de recursos territoriales, algo que resulta elemental para borrar el chip rentista de las autonomías.
Para terminar, es importante recordar que el concepto de Pacto Fiscal para Bolivia lo concibe como un proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el Nivel Central de Estado y las ETA, con participación social, para el buen uso de los recursos públicos, por lo que el alcance de este proceso va más allá de una simple redistribución de los recursos, como lo demuestran los logros hasta ahora alcanzados.