Carlos de Mesa tiene una visión muy peculiar de la justicia. Por un lado, la critica sin cuartel, pero luego recurre a ella para procesar a sus adversarios. Enarbola la transparencia, la independencia y la consulta popular, pero designa “a dedo” a magistrados y fiscales. Promete combatir la corrupción, pero no explica su patrimonio e ingresos personales. Anuncia que hará justicia para las víctimas de octubre de 2003, pero se niega a acudir a un proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
Esta manera contradictoria de actuar, de decir una cosa un día y exponer otra al día siguiente; mostrar una cosa y ocultar otras, parece formar parte de las características del postulante de Comunidad Ciudadana (CC), quien ya evidenció estas vacilaciones cuando ejerció la presidencia del país tras suceder a Gonzalo Sánchez de Lozada.
Por ejemplo, en un tuit del 24 agosto, Carlos de Mesa escribió que “la justicia está al servicio de un partido para perseguir adversarios”.
Pese a esas críticas a la justicia, su abogado y candidato de CC, Carlos Alarcón, recurrió a los tribunales para demandar a los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe por los delitos de difamación e injurias, ya que ellos, según la denuncia, hicieron creer a la opinión pública que De Mesa se benefició económicamente en la vocería de la demanda marítima. Los denunciantes mostraron que De Mesa y su equipo recibieron Bs 2,8 millones entre 2014 y 2018 por dicha vocería.
Por si fuera poco, también Carlos Alarcón y la responsable administrativa de la campaña de Comunidad Ciudadana, Ximena Valdivia, recurrieron a los actuales operadores de justicia para enjuiciar al periodista Emilio Martínez y a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, quienes difundieron documentos sobre depósitos que se realizaron a cuentas del Canal televisivo PAT entre 2002 y 2003, años en los cuales De Mesa era socio principal.
Por otra parte, el aspirante presidencial de CC exigió en un tuit del 30 de abril “transparencia y honestidad” en las pesquisas sobre los lazos de un jefe policial con el narcotráfico, pero luego se supo que ese uniformado depositó $us 30 mil dólares a la cuenta bancaria de De Mesa.
En su plan de gobierno, CC propuso una “Justicia independiente. Cambiaremos la forma de designación y destitución de todas las autoridades de los órganos de garantía, rompiendo el monopolio absoluto que detenta la clase política en perjuicio de los ciudadanos”.
De manera contraria a esas ideas, Carlos de Mesa, cuando fue presidente del país, aprobó el Decreto 27650, el 30 de julio de 2004, norma que pasó por encima del entonces Poder Legislativo y mediante la cual designó a dedo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de la Judicatura y a fiscales de Distrito.
En el programa de gobierno de Carlos de Mesa se menciona que “iniciaremos una lucha sin cuartel contra la corrupción”, sin embargo, el postulante presidencial aún no explicó su patrimonio personal, el cual fue cifrado por él mismo en Bs 12 millones en 2002, pero ahora disminuyó extrañamente a Bs 2,7 millones, según informó su agrupación política al periódico Página Siete.
El exmandatario tampoco esclareció los pagos que habría recibido para sellar su alianza con Gonzalo Sánchez de Lozada, ni se refirió a la recepción de $us 100 mil de gastos reservados mensuales, según la denuncia de la periodista Amalia Pando.
Menos aún aclaró los $us 10 millones que se disponen para CC, según dijo hace poco Diego Ayo, exvocero de esa alianza.
Por si fuera poco, el exvicepresidente del MNR prometió justicia a las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003, pero rechazó atestiguar contra Sánchez de Lozada en un juicio en EEUU.
