Es muy probable que la elección más competitiva de los últimos 14 años se defina en Santa Cruz, la región más poblada del país y la de mayor peso electoral, con una corta distancia, después de La Paz. A diferencia de otros departamentos, ninguno de los nueve candidatos alcanza el 30% del apoyo cruceño, según las diversas encuestas que hemos conocido hasta ahora. No hay todavía un claro favorito entre Óscar Ortiz, Evo Morales y Carlos Mesa. 

La elevada cifra de indecisos y de los que dicen que votarán nulo o blanco (entre un 25 y un 30%) indica que hay algo que a una parte importante del electorado no les convence aún de los tres. Las culpas que se han repartido, los candidatos en punta, del monumental desastre ambiental de las últimas semanas pueden explicar la indefinición o el descontento ciudadano con ellos. La bronca de los electores por el desempeño en la gestión y la atención de los graves incendios arrastra a los tres, por no decir, a la clase política en general, que no sólo tardó en ocuparse del dantesco daño a los bosques y a las tierras chiquitanas, sino que hizo el ridículo al intentar rentabilizar electoralmente la mayúscula desgracia. Pocos o, quizás, ninguna de las autoridades se salvan del enojo colectivo por haber dejado crecer la crisis al límite. Aunque el costo político del penoso manejo de los incendios lo concentra hasta ahora en Santa Cruz el gobierno de Evo Morales y, en menor medida, la Gobernación cruceña, acrecentado por descoordinaciones entre ambas instancias, que acaban de ponerse de acuerdo otra vez esta semana para trabajar unidos contra el fuego, hay un malestar generalizado con todas las autoridades que debieron actuar con celeridad y con las tradicionales instituciones productivas, señaladas ahora por algunos sectores, sobre todo ambientalistas, como algunos de los responsables del desmadre.

Por momentos ha dado la impresión que en la grave crisis ambiental los ciudadanos organizados actuaron con mayor rapidez y conciencia que los que los gobiernan. Frente a tanto desconcierto y pérdida de confianza, han aparecido algunos liderazgos más ágiles que han cubierto el vacío y han recogido la demanda ciudadana de auxilio.

La Asamblea de la Cruceñidad del martes pasado se ha convertido inesperadamente en el espacio al que han acudido una vez más centenares de ciudadanos a hacer catarsis, pero también a ponerse a la orden de alguien para buscar las soluciones que no han encontrado en un casi fracasado sistema autonómico. El agravamiento del desastre no es otra cosa que el resultado de la alarmante dependencia de un Estado centralista y burocrático. Como ha fallado la autonomía, una efervescente demanda de autodeterminación, que podría exigir dentro de poco federalismo, ha vuelto a sonar fuerte en el Comité pro Santa Cruz y probablemente marcará el cabildo convocado para el 4 de octubre.

Santa Cruz está en ebullición y la crisis ambiental ha provocado un fuerte movimiento tectónico en sus estructuras sociales. Eso puede explicar la dura interpelación ciudadana, no sólo al poder político, sino a sus tradicionales actores del poder económico. Es posible que el monumental desastre no sólo redefina el mapa electoral del 20 de octubre, sino que  produzca un shock que probablemente hará nacer a mediano o largo plazo una nueva élite dirigencial más capacitada  para evitar viejos y fatales errores. Mucho ojo ahora más que nunca con Santa Cruz, con sus actores emergentes y, fundamentalmente, con sus nuevas generaciones, que empiezan a construir una escala de valores dominada por el amor a la democracia y a un entorno ambiental amigable. No leer esta realidad de cambio es un falla imperdonable para los que conducen las instituciones y, sobre todo, para los políticos que buscan el voto del 20 de octubre y de las próximas elecciones subregionales con un relato caduco y con algunas conductas cavernícolas y violentas, como las que acabamos de vivir al filo de la semana pasada.