EL DEBER

Cárcel. Cinco de los nueve jóvenes que quedaban detenidos por los desórdenes ocurridos la tarde del jueves en la capital cruceña guardan detención preventiva en el penal de Palmasola. Así lo determinó la Justicia tras una audiencia de medidas cautelares de casi 10 horas en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se encontraron “indicios” de actos vandálicos contra casas de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el fiscal departamental, Mirael Salguero, se trata de Evair J. H., Jorge G., Jhonatan K. B., Cristian M. y Erick A. O., mientras otros de los tres investigados quedaron con medidas sustitutivas, tales como la presentación una vez por semana ante el Ministerio Público, prohibición de asistir a reuniones, manifestaciones, convocatorias e ingresos a grupos de WhatsApp. Estos últimos son Alex C. F., Luis R. N. D. y Miguel A. M. F.

Para ser específicos, la instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, robo agravado, allanamiento de domicilio y sus dependencias, lesiones graves y leves; destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional son los presuntos delitos presentados por una comisión de cinco fiscales para formalizar la acusación.
Sin embargo, los abogados de estos jóvenes observaron el fallo y señalaron que no hubo objetividad. Un ejemplo, fue el expuesto por el jurista Luis Orlando Reyes, quien señaló que en el caso a bienes del Estado y riqueza nacional se acusó a los jovénes de haber dañado una moto, pero no hubo neutralidad en tal cargo. Subrayó que la justicia les vació el Código Penal para la imputación a personas que hacían una protesta.

“Las acusaciones no fueron acreditadas. La participación individual de estas personas no fue plenamente demostrada, incluso a algunos se los acusó con los mismos elementos. Todos ellos demostraron que tienen familia, un trabajo o cumplen una actividad lícita. Sin embargo, la jueza (Lorena Añez) manifestó que ellos serían un peligro para la sociedad o habría riesgo de obstaculización. Por esto, los seis abogados defensores apelaron”, espetó el letrado, a tiempo de exponer que su defendido no estuvo presente al momento del daño a la casa de los masistas.
Por su parte, otro de los abogados, Roger ‘Chiqui’ Martínez, fue más allá al sostener que el Ministerio Público actúa de manera organizada para amedrentar a los cruceños y se utilizó una serie de mentiras para mantener presos a la mayoría. Agregó que detrás de esta audiencia hay una persecución política hacia otras personas, entre ellos el líder cívico, Luis Fernando Camacho (que no respondió a las llamadas realizadas por este medio).

¿Cuáles son esas mentiras a las que se refiere Martínez? El mismo respondió que el hacer creer que la Unión Juvenil Cruceñista es la encargada de hacer desmanes. “Para ellos es un delito ser parte de la lucha cívica o de una agrupación ciudadana, eso fue dejado en evidencia”, alegó el abogado, quien explicó que se deben esperar hasta 72 horas para la apelación.

Carlos Hugo Vaca, otro de los abogados, añadió que se presentaron indicios después de la imputación, lo cual es ilegal. además, contempló que esta detención tiene un fin y un tinte político, por lo que este sería un mensaje para Santa Cruz y que su ciudadanía no pueda manifestarse u organizarse.

El noveno detenido

Se trata de un menor de edad (17 años) a quien se le otorgó la remisión, ya que los delitos por los que se le imputan tienen una pena no mayor de cinco años y por este motivo quedó en libertad. A este se le aplicó la ley juvenil 548, que garantiza la especialización en la intervención y el acceso a la justicia para adolescentes en conflicto con la ley.
El abogado de este muchacho, Rosembert Chávez, justificó que esta es una salida alternativa bajo los mecanismos de la justicia restaurativa. Esto significa que recibirá una terapia psicológica y social. Tendrá restricciones, como no acudir a ciertos lugares o consumir alcohol. La mamá del chico firmó un acta para cumplir estas condiciones y tras seis meses con un informe de Cenvicruz concluirá el proceso (la premisa es que no se debe abarrotar los centros, sino ayudar a los menores).

Se desvaneció

Al término de la audiencia se conoció que el detenido Cristian M. sufrió una descompensación y fue trasladado a la clínica Niño Jesús I. El abogado Chiqui Martínez apuntó que la jueza actuó por humanidad y denunció que este joven al ser detenido fue golpeado, no se le presentó auxilio y tenía siete días de impedimento, según un informe médico. “Se lo acusa de lesiones, pero no hay nadie más lesionado que él”, subrayó el jurista.

Llanto y desesperación

Desde que se instaló la audiencia casi un centenar de estudiantes acudieron a las puertas de la Felcc para exigir la liberación de los detenidos y explicaron que estos pertenecián a la universidad pública, ante la mirada antenta de una veintena de policías que custodiaron permanentemente el ingreso.
Al caer la tarde, el grupo se redujo a la mitad. Sin embargo, la imagen triste la dieron madres, abuelas y otros familiares de los detenidos, quienes al conocer el fallo pedían con llanto y desesperación evitar el encierro de los jóvenes. Incluso algunas mujeres impidieron la salida de vehículos en su afán de evitar el traslado y poniendo en peligro su humanidad.
Por otra parte, al enterarse de la liberación de su hijo, uno de los padres no escondió su satisfación y consideró ayudarlo a conseguir un trabajo.