Pensar en descentralización económica como el vehículo de la profundización del proceso autonómico boliviano, puede resultar en un juicio poco razonado que se basa en premisas poco claras y en exigencias que no tienen que ver con los verdaderos compromisos que deben asumir las regiones para encarar de manera sincera y clara su autonomía.

En materia de administración y captación de recursos las propuestas se basan en una redistribución de los recursos de coparticipación, sin embargo resulta llamativo que las propuestas que se realizan se basan en una disminución de los recursos que maneja el nivel central del Estado. Pero a la vuelta no se pone de manifiesto cuales son los compromisos que asumirían las regiones en virtud de esta nueva distribución, asimismo, no se puede encontrar una propuesta que contenga un planteamiento serio que asegure a los sectores afectados por esa disminución que seguirán siendo atendidos en la misma medida que en una situación anterior.

En la misma línea, no se puede encontrar en el nivel municipal un índice general que demuestre que se ha madurado en el manejo de recursos y la asunción de las competencias, si bien los municipios más grandes demuestran avances interesantes, no es menos cierto que en el resto –que no son pocos– se siguen presentando falencias que deben ser trabajadas para un avance uniforme. 

En el plano impositivo, la propuesta regional pasa por proponer la creación de impuestos sin control del nivel central, esta propuesta se confronta con la política fiscal delineada por la propia Constitución, pero además importa un escenario caótico para el ciudadano que terminaría cercado por impuestos según el municipio o departamento. En contraparte urge que se mejore la gestión regional en cuento a la recaudación tributaria y la ampliación de su universo tributario.

Un tema que también debe ser pensado desde las regiones es una planificación de sus gastos de inversión puesto que es un fenómeno común que las regiones comiencen con la ejecución de proyectos sin tener un financiamiento que asegure su culminación, y es aquí donde el nivel central del Estado interviene con recursos. Esta es una falencia que debe cubrirse y que parte de una gestión mesurada y responsable.

Finalmente, el tópico del endeudamiento de las regiones exige que se presente un fundamento claro que explique porqué la consigna de la gestión regional de endeudarse prescindiendo del nivel central, puesto que de no mediar una adecuada coordinación y medición de los alcances de este endeudamiento, la exposición de los recursos del Estado central es riesgosa al tener que salir en cobertura de estos empréstitos.

Como conclusión de estos debe quedar claro que el proceso autonómico es más profundo que la reasignación de recursos sin creatividad sino que exige una madurez en la gestión pública en el nivel regional, para encarar los desafíos que plantea este proceso.