LA PAZ. El arribo de los cocaleros detenidos en Chulumani, ayer. APG
La violencia con matices políticos registrada en Santa Cruz el jueves, se judicializó ayer con el pedido del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que se investigue a las personas que causaron los disturbios, por presuntos delitos electorales, en medio de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.
Los episodios de violencia se habían desatado días atrás, con enfrentamientos como uno el miércoles en Chulumani (La Paz), ante una sede del Movimiento Al Socialismo (MAS), que derivó en el lanzamiento de cartuchos de dinamita y el incendio de una comisaría de Policía.
El Comando de la Policía desplegó a unos 100 efectivos al lugar, donde dirigentes prooficialistas acusaron a partidarios de Comunidad Ciudadana (CC) por los actos vandálicos.Ocho cocaleros quedaron detenidos y fueron remitidos a La Paz, ayer.
Pero los disturbios que más encendieron el ambiente político fueron los del jueves en Santa Cruz, con destrozos en varias sedes del MAS.
Al menos 80 personas pasaron la noche en la comisaría –inicialmente se informó de una treintena–, nueve fueron remitidas a la Fiscalía y las demás liberadas, según la Policía.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, Jhonny Aguilera, informó que serán remitidas a una audiencia de medidas cautelares, acusadas de los delitos de daños a la propiedad pública y privada y de asociación delictuosa.
"Se ha dispuesto que nueve sospechosos serán cautelados por los destrozos de ayer, con base a las pruebas y testimonios recopilados en la investigación", declaró Aguilera.
El presidente Evo Morales calificó de golpistas a los violentos y los acusó de estar pagados desde la derecha opositora para conspirar contra la democracia en el país.
"Las elecciones no se ganan con bate, se ganan con voto. Las elecciones no se ganan con violencia, se gana con consciencia del pueblo boliviano", defendió durante un acto oficial, y acusó expresamente de estar detrás de esta violencia al 21-F, un movimiento crítico con su Gobierno.
Convocó a sus bases a defender los comicios generales del 20 de octubre y recordó que actitudes similares se asumieron en la capital cruceña en 2008, cuando se atacó a Entel que fue nacionalizada.
"Convocar a ustedes, el pueblo boliviano, con sus profesionales, con los movimientos sociales, tenemos que defender la democracia, las elecciones del 20 de octubre de este año, la paz social, quiero que sepa la derecha, los llamados vendepatrias, aquellos privatizadores", dijo desde Tiquipaya, Cochabamba.
El oficialismo cargó además contra el Comité Cívico Pro Santa Cruz con acusaciones de que la violencia fue premeditada por esos colectivos.
Los presidentes de las cámaras de Diputados, Víctor Borda, y de Senadores, Adriana Salvatierra, y miembros del Ejecutivo como el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señalaron a esas organizaciones, si bien instaron a no responder a lo que calificaron de provocación de los opositores.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le respondió a Romero anoche mediante una carta; dijo estar dispuesto a ser privado de libertad si es que su defensa del 21F, la Chiquitanía y los jóvenes, que atacaron las casas de campaña del oficialismo, amerita estar tras las rejas.
Sin embargo, negó de manera enfática que sea el promotor o auspiciador de actos vandálicos.
RECHAZO DEL TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó ayer como delitos electorales los ataques del jueves y exigió una investigación a la Fiscalía.
"La Sala Plena del TSE (...) pide al Ministerio Público realizar la investigación correspondiente debido a que estas acciones se constituyen en delitos electorales", cita un comunicado de prensa del TSE.
