Autoridades nacionales, departamentales, cívicas y sectoriales, de oficialismo y oposición, consensuaron ayer en mantener la calma y priorizar el diálogo en Santa Cruz tras los hechos violentos suscitados la tarde del jueves que terminó con la destrucción de tres casas de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuatro personas lesionadas y nueve aprehendidas.

Sin embargo, la Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones, pues anunciaron que hay más personas involucradas en los destrozos a bienes públicos y particulares durante una serie de enfrentamientos entre activistas del 21F y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en contra de simpatizantes del MAS que pretendían realizar actos proselitistas en diferentes rotondas del Segundo Anillo.

Incluso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestó que corresponde investigar “delitos electorales”.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, pidió calma y serenidad al pueblo boliviano y evitar actitudes intolerantes que promueven la violencia.

“No es ni sano ni conveniente recuperar estas actitudes intolerantes, la violencia nunca está bien. La proximidad de unas elecciones no debería venir de la mano del incremento de la violencia”, dijo, y manifestó que “tenemos que ser capaces de solucionar nuestros conflictos de otra manera”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el MAS no responderá con actitudes violentas a las provocaciones de activistas y grupos de choque de la oposición, puesto que ello “sería una ingenuidad”.

No obstante, dijo que los grupos de oposición “agreden al MAS porque consideran que de otra manera no lo pueden enfrentar en las urnas”.

El pedido de un escenario pacífico también surgió del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, sobre todo ante el inicio de una marcha promovida por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc), desde Pailón hacia Santa Cruz, como medida de rechazo la Ley de Pausa Ambiental decretada por Costas que prohíbe asentamientos, desmontes y quemas en la Chiquitanía, azotada por incendios forestales desde hace al menos 45 días.

Costas invitó a todos los sectores a conocer, socializar y participar en la posible reglamentación de la ley y señaló que la Gobernación está abierta al diálogo. Por su parte, Camacho pidió a la Fsutc buscar el diálogo y, en función de la coherencia y democracia, exponer sus demandas. Incluso dijo a estar presto a mediar ante la Gobernación.

La marcha de la Fesutc empezó el jueves en Pailón, pero fue suspendida 21 kilómetros antes de la llegar a la capital cruceña. Según el secretario ejecutivo de esta organización, Adolfo León, predomina el interés de precautelar la vida de las personas y evitar mayor susceptibilidad en Santa Cruz.

Sin embargo, indicó que buscará un acercamiento con la Gobernación para “mejorar la ley” que —según él— vulnera el derecho a la vida de cientos de campesinos que están impedidos de continuar con sus actividades agrícolas.

El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez Párraga, también pidió que reine la calma y condenó los actos de violencia en Santa Cruz.

Los hechos violentos en Santa Cruz dejaron un saldo de cuatro personas lesionadas, con más de 15 días de impedimento.