El incumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2017 por parte del ré- gimen es la causa esencial para que el camino electoral se haya puesto tan escabroso y plagado de riesgos.

La burla que han provocado S.E. y el MAS, presionando al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que legalicen una candidatura que había sido rechazada por el voto popular, provoca que el oficialismo embarre los comicios de octubre o el temor de que los cancele. De acuerdo con el 21-F, el MAS debió lanzar un nuevo binomio a la candidatura presidencial que, aunque fuera con todo el apoyo de la estructura del Estado, estuviera hoy enfrentado a la oposición.

Ese debió ser el panorama actual, y no la tremenda sinvergüencería de apelar a un llorón y ridículo reclamo de “derecho humano” para terciar en busca de un cuarto mandato, totalmente inconstitucional. Hace unos años, si a algún mandatario se le hubiera pasado por la cabeza semejante fantochada, lo habrían derrocado en menos de lo que canta un gallo.

A estas elecciones tramposas, donde el MAS administra a su gusto la justicia y el dinero, cuando los gastos millonarios en propaganda producen asombro, se ha sumado el terrible incendio en la Chiquitania. Este drama, producto esencialmente de las quemas que provocan los colonos del MAS, beneficiados por la repartija de bosques y pastizales, se produce semanas antes de las elecciones generales.

El régimen, en vez de declarar la zona como “desastre nacional” y apagar cuanto antes el infierno, deja que los montes ardan, que la gente sufra y se desespere, nada más que por un engreimiento infantil o por algún interés político, que es lo más probable.

Tanto los políticos, como los cí- vicos y las plataformas ciudadanas tienen que tomar en cuenta que el MAS será capaz de cualquier maniobra para no dejar el poder porque teme lo que le espera después. Cuidado con lo puede resultar del paro cívico de carácter indefinido, previsto para el 10 de octubre.

Porque a nadie le debería extrañar que si se trata de seis departamentos paralizados, el TSE anuncie, obedeciendo al MAS, que si hay paro el 10 no puede haber elecciones el 20, por razones obvias, hasta de logística. Si el Cabildo cruceño se suma al paro del 10, la situación se pondría peor, porque la parálisis nacional sería más contundente. Hay que reflexionar profundamente sobre lo que puede resultar del paro indefinido anunciado para el 10 de octubre. Puede ser una jugada demasiado atrevida.

¿Cómo va a haber elecciones generales si existe un paro nacional en seis o siete departamentos del país, incluyendo a La Paz, Cochabamba y tal vez Santa Cruz? Es natural que el TSE anunciará de inmediato que no se pueden distribuir ni ánforas ni papeletas y por tanto que no se podrán instalar las mesas de votación.

Pero, además, sin transporte, la organización electoral naufragaría. Un decreto supremo del Ejecutivo sería suficiente para suspender o postergar los comicios. La incertidumbre de lo que suceda en Chiquitos hasta dentro de una semana, veinte días, o más tiempo, haría que el ambiente continuara enrarecido, que las protestas contra el régimen se volvieran cada vez más violentas, provocándose todo esto a poco tiempo de acudir a votar.

Que nadie dude que si el MAS tiene el menor presentimiento de perder en las urnas –sobre todo ahora que al parecer Carlos Mesa acorta distancias con S.E.– hará todo lo posible para que los comicios se pospongan.

Eso, en buen romance, conociendo a los masistas, significaría para S.E. permanecer, orondo, sin fecha de caducidad, en el mando de la nación. Que el entusiasmo ante la perspectiva de poder vencer no provoque en los opositores extremos de excesiva confianza, porque la reacción de un régimen que cuenta con los recursos económicos, la justicia, el Ejército, y el ansia desesperada de poder, podría resultar algo catastrófico.