El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó como delitos electorales los ataques violentos contra las casas de campaña del MAS ocurridos el jueves en la ciudad de Santa Cruz y exigió a la Fiscalía la investigación del caso.

“La Sala Plena del TSE rechaza y lamenta los actos violentos sucedidos en Santa Cruz de la Sierra que atentan contra la democracia y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y pide al Ministerio Público realizar la investigación correspondiente debido a que estas acciones se constituyen en delitos electorales”, señala el comunicado.

Desde el Ministerio Público informaron que el caso ya está en etapa investigativa y fueron liberados 54 jóvenes que habían sido arrestados por la Policía en la refriega del jueves.

Sin embargo, nueve quedaron aprehendidos porque encontraron supuestos vínculos sobre su participación.

La Fiscalía de Santa Cruz informó que presentará una imputación por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, robo agravado, allanamiento de domicilio y sus dependencias, lesiones graves y leves; destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional.

El fiscal departamental, Mirael Salguero, dijo que se conformó la comisión de fiscales integradas por Carmen Delia Moreno, Osvaldo Dante Tejerina, Delmy Guzmán y Fanny Alfaro. Los aprehendidos aguardan la audiencia cautelar que se realizará en el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar, de la magistrada Lorena Áñez.

El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, informó que se han encontrado videos, barbijos, en algún caso dinero y petardos que los sitúan en tiempo y espacio a los involucrados.

“Con carga probatoria suficientes producida en declaraciones testificales, imágenes y videos que acomodan a estos individuos en tres grupos: Uno, que vamos a llamar daños contra entidades públicas, otros por daños a personas, y otro por daños a propiedades privadas”. Detalló que del total de las personas, 54 fueron liberadas y sobre los nueve aprehendidos encontraron vínculos que pudieran establecer su participación en los hechos. Entre ellos se encuentra Cristián Monasterio Castedo.

Sobre este último circulan videos donde se lo observa que recibe múltiples golpes y el forense le dio siete días de impedimento.

El abogado defensor de los detenidos, Róger Martínez, dijo que Monasterio necesita los estudios clínicos porque los golpes que recibió pueden provocarles daños internos. Dijo que están valorando iniciar un proceso contra las personas que lo agredieron.

El fiscal Osvaldo Tejerina explicó que sobre los que no encontraron ningún indicio ni vinculación a los hechos, el Ministerio Público dispuso el cese de arresto y sobre los otros “se ha trabajado con imágenes, fotografías, testigos y otros elementos, los cuales hacen ver que sí han participado en los delitos que estamos investigando”.

El candidato a senador del MAS Rolando Borda afirmó que retuvieron a un agresor y lo entregaron a la Policía, y que tienen personas heridas, incluyendo un niño. Dijo que resultó afectada su casa de campaña y la de María René Liévana, candidata a primera senadora.

También quemaron la sede que alquila la Dirección Urbana del MAS y un vehículo que estaba en el interior. Esta última

funciona en la sede de Los Canillitas. Santos López, del Sindicato de Voceadores, explicó que están cuantificando los daños para presentar una denuncia.

Cuarto intermedio

Por su lado, la Federación de Trabajadores Campesinos de la Gran Chiquitania interrumpió ayer su marcha que se dirigía a la ciudad de Santa Cruz para exigir que se revise la pausa ambiental departamental, decretada por el gobernador Rubén Costas. La decisión fue asumida después de que el jefe de la Codelcam y candidato a senador, Rolando Borda, solicitó la suspensión de la protesta a través de EL DEBER Radio.

El dirigente del sector, Roberto Carlos Arias, explicó que después de un largo debate con las 14 centrales que forman parte de la organización, decidieron dar un cuarto intermedio. Indicó que los ejecutivos de su sector coordinan con la Iglesia católica y los cívicos para entrar a la mesa de trabajo y poner sus puntos de vista, respecto a la ley.

Explicó que observan las resoluciones de asentamientos, que afectan su derecho al trabajo. Adelantó que en caso de que no se puedan eliminar los artículos que los afectan, analizarán llegar al Tribunal Constitucional. Informó que el lunes se reunirán con el presidente Evo Morales para debatir sobre la pausa ecológica. A su vez, el gobernador Rubén Costas ratificó que la pausa ambiental no se anulará y conminó a los sectores a reunirse para explicar y participar en la posible reglamentación de la ley departamental.

“La pausa ambiental es un acto de urgencia, necesidad y responsabilidad, no vamos a retroceder ni un milímetro en esta decisión”, afirmó Costas.