Después de tres meses de lanzarse la convocatoria oficial y a 37 días de las elecciones generales, por primera vez se toca la posibilidad de suspender los comicios de una u otra forma. La violencia acontecida en dos regiones del país, producto de diferencias políticas, es la principal causa de la cual se culpan oficialistas y opositores.
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Masistas acusan a los opositores de intentar convulsionar el país con el fin de que se frene el proceso electoral, mientras que éstos dicen que el Gobierno armó un montaje porque enfrenta una coyuntura desfavorable.
Después de tres meses de lanzarse la convocatoria oficial y a 37 días de las elecciones generales, por primera vez se toca la posibilidad de suspender los comicios de una u otra forma. La violencia acontecida en dos regiones del país, producto de diferencias políticas, es la principal causa de la cual se culpan oficialistas y opositores.
La noche del jueves en Santa Cruz universitarios, activistas del 21F y otros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se organizaron para impedir que una concentración del Movimiento Al Socialismo (MAS) tome las rotondas del segundo anillo.
Los activistas se concentraron en las avenidas Alemana y Mutualista y en su intención de rechazar la movilización masista comenzó un enfrentamiento. El conflicto creció cuando los opositores ingresaron al menos a tres casas de campaña del MAS y las destrozaron.
En La Paz, un conflicto que se inició el miércoles en el municipio de Chulumani (Sud Yungas) terminó el jueves con ocho personas detenidas y saqueos en oficinas policiales, en una sede de cocaleros opositores y en casas de campaña del MAS.
El diputado del MAS Franclin Flores calificó lo ocurrido en Santa Cruz como un acto de odio. “Cuando algunos pretendemos difundir nuestras ideas en democracia otros actúan pateando y golpeando. La intención de esta gente es volver a 2007 y 2008 y desestabilizar, cuál es su intención, ¿suspender el proceso?”, cuestionó.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, consideró un atentado de gente opositora. “Este es un atentado contra la democracia de nuestro país (...). Los bolivianos pedimos democracia, pedimos que el 20 de octubre podamos acudir a las urnas y elegir democráticamente a nuestro presidente, vicepresidente y representantes parlamentarios. Hay gente que está interesada en convulsionar el país, hay gente que no quiere elecciones el 20 de octubre y estas acciones así lo demuestran”, aseguró.
Con los asambleístas coincide el representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia la discusión (Csutcb) afín al MAS, Leonardo Calcina.
“Son temas armados por la oposición para que haya un paréntesis, para que las elecciones no avancen. Como Csutcb pensamos que la democracia tiene que reinar en todo el departamento, en todo el país, no se puede atacar a la gente que quiere democráticamente hacer su campaña”, manifestó.
Contrariamente a las autoridades del MAS, la diputada opositora Rose Marie Sandoval aseveró que lo ocurrido en Santa Cruz y en otras regiones es una tramoya del proceso de cambio.
“El único culpable es el Gobierno, está utilizando a Santa Cruz y no lo vamos a permitir. No hay dónde perderse, están buscando mecanismos para postergar o suspender las elecciones y finalmente dar la cara ante una dictadura, pero frente a eso estaremos firmes y no nos dejaremos engañar”, sostuvo.
El asambleísta que respondió a las acusaciones del partido de Gobierno fue el diputado Wilson Santamaría y negó que la oposición tenga intenciones de suspender los comicios.
“Nosotros estamos dedicados a la campaña, si tuviéramos alguna intención de suspender las elecciones, como el Gobierno lo manifiesta, estaríamos en otros aprestos. Es el Gobierno, con sus bases y con sus organizaciones sociales, el que promueve ir en contra de la Gobernación de Santa Cruz, por ejemplo”, dijo.
Afirmó que es el MAS el que promueve una suspensión de las elecciones por la situación adversa que enfrenta actualmente.
Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó como delitos electorales los ataques violentos a las casas de campaña del MAS en Santa Cruz y exigió a la Fiscalía que investigue lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo calificó de “inaceptable” todo lo ocurrido en Santa Cruz y Chulumani. En un comunicado, esta entidad señala que cualquier hecho de violencia pone de manifiesto el “racismo” y “discriminación” en pleno ambiente preelectoral.
El discurso del MAS radica en rememorar lo ocurrido en 2008, cuando la llamada “media luna”, en su afán de ser autonomista, salió a las calles, lo que derivó en hechos violentos en varias regiones.
“Esta es la muestra, es la misma acción que desempeñaron en 2008. En diciembre del año pasado quemaron las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, es el mismo rostro violento de cada paro cívico, de cada movilización y lo único que hace es dejarnos dolor entre los cruceños, dolor entre los bolivianos y no queremos construir más escenarios de confrontación”, lamentó la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.
Lo cierto es que en las últimas semanas hubo dos hechos fuertes que ubicaron al proceso de cambio en condiciones desfavorables ante unas elecciones cercanas: el incendio en la Chiquitania y la negación de declarar desastre natural que derivaron en duras críticas de los ciudadanos; y, por otra parte, la censura del TSE a los medios para no publicar una reciente encuesta.
