Medio: El Día
Fecha de la publicación: viernes 23 de marzo de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La oposición reveló que las autoridades del Gobierno de Evo Morales acudieron a dicha instancia internacional para solicitar una opinión en anteproyectos que se estaban poniendo en debate en el país.
Días atrás la Comisión de Venecia emitió un pronunciamiento a pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que señala que la reelección presidencial no es un derecho humano, argumentando que "el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y debe estar sujeto a limites objetivos y razonables".
El pronunciamiento de la Comisión de Venecia fue referido al caso específico de Venezuela; sin embargo, la OEA también se debe referir a Bolivia, porque dicho organismo internacional también ha sido consultado en relación a lo mismo.
Desconocimiento. Tras este pronunciamiento, desde el Gobierno de Evo Morales, los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Presidencia, Alfredo Rada, restaron importancia a esta instancia internacional, asegurando que no tenía competencias para referirse al tema. "La Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir", fue el comentario del ministro Arce por su cuenta de Twitter, tras conocerse el documento.
Al igual que él, otras altas autoridades y militantes del MAS también se pronunciaron minimizando la opinión de dicha instancia internacional.
Denuncia. Sin embargo, salen a la luz, acciones del mismo Gobierno de Morales, en donde en dos oportunidades solicitó opinión y recomendación a la Comisión de Venecia.
El senador Edwin Rodríguez, en conferencia de prensa, ayer dio a conocer los documentos en donde la Comisión de Venecia responde los pedido que hizo Bolivia.
El primer caso se dio el 30 de marzo del 2011. El entonces viceministro de justicia, Nelson Marcelo Cox, acudió a la Comisión de Venecia para que esta dé su opinión por el proyecto de la Ley orgánica del Ministerio Público.
El segundo caso fue registrado el 18 de octubre del mismo año, esta vez el ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, quien en ese entonces fungía como presidente de la Cámara de Diputados, fue quien se encargó de llevar el anteproyecto de Códigos y Procedimientos constitucionales ante la Comisión de Venecia. "Es decir que en el 2011 el Gobierno ha utilizado a la comisión de Venecia como parte de sus opiniones para instalar normativas en el país. Antes era importante porque le convenía y ahora que no le conviene la opinión hecha por la borda una instancia internacional de mucho peso. Por favor no sean mal agradecidos con la Comisión de Venecia", manifestó el legislador.
Incluso Rodríguez, aseveró además que la Comisión de Venecia apoyó la implementación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que ahora quiere ser modificada por intenciones del MAS para buscar la reelección de Evo Morales en el poder.
Críticas. Por su parte, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, también cuestionó la actitud contradictoria del Gobierno.
"Resulta contradictorio acudir a la Comisión de Venecia para consultarle, pero en el caso del último informe, que no les gusta y que tiene que ver con la reelección de Evo, tratan de minimizarlo", dijo.
Con él coincidieron los representantes de las plataformas ciudadanas y el vicepresidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, quien lamentó que se intente desconocer la importancia de la Comisión de Venecia, que integra países importantes y forma parte de organismos internacionales de peso. "Es un organismo en donde se sientan las bases claras de lo que significa el sustento técnico a la repostulación de los mandatarios. La Comisión de Venecia califica que el sustento constitucional es un aspecto importante para la vigencia de la democracia puede tomarse en cuenta un referéndum y eso también en Bolivia ya lo hicimos. Al Gobierno no le conviene este tipo de pronunciamientos, por eso lo minimizan", remarcó.
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