Preocupa demasiado lo que está sucediendo en el País, la ciudadanía manifiesta una abierta desconfianza hacia el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y en consecuencia considera que las elecciones de Octubre no serán trasparentes. Esto se agrava aún más porque hasta la fecha el árbitro electoral no ha brindado ninguna explicación sobre las renuncias que se fueron sucediendo en su interior y que involucraron desde vocales hasta funcionarios del área técnica, tampoco han servido los cuestionamientos y las críticas para que se hagan las aclaraciones que corresponden y se busque un clima de tranquilidad antes de que se produzcan las elecciones. Lo curioso es que ante un proceso electoral empañado por las dudas, desde el Órgano Electoral se suman las señales de que existe parcialización a favor del partido de gobierno, en ese sentido parece ser ya demasiado que el aludido Tribunal no solo haya llevado a cabo una primera vuelta cuyos resultados no tuvieron ninguna trascendencia o que haya habilitado de forma controvertible nuevas candidaturas, lo que preocupa es que se está convirtiendo en un mecanismo de censura, adoptando maneras que nunca habían sido vistas en Democracia. Sucede que las encuestas corresponden a iniciativas que solo tienen relevancia si su fuente goza de credibilidad, en otras palabras una buena encuesta es aquella que tiene la aceptación del público, no es una atribución del Órgano Electoral opinar sobre las mismas ni impedir su publicación, precisamente porque es un mecanismo científico de medición muy exacto, que cuando no tiene sesgos se constituye en una proyección absolutamente creíble. En nuestro país siempre hubo encuestas desacertadas que se publicaron e inclusive incidieron en las percepciones de la gente, pero por esos datos inexactos jamás las empresas comerciales que las hicieron fueron cuestionadas y menos castigadas, al contrario como en toda sociedad libre se dejó que sean los encargados de las mismas los que asuman su responsabilidad ante el mercado y ante la opinión pública. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral publicó un comunicado solicitando frenar la difusión de una encuesta elaborada por la Universidad de La Paz, bajo el argumento pueril de que tiene observaciones respecto al margen de error que se registra en el Departamento de Pando y sobre el hecho de que fueron entrevistadas 14.238 personas y no 14.472 como estaba previsto, es decir porque hubo una cantidad ínfima de personas que no fueron consultadas de acuerdo a lo planificado. Ambos aspectos son irrelevantes y no tienen ninguna incidencia en los resultados obtenidos, entonces aunque pareciera una broma de mal gusto, lo que se pretendió fue censurar la libertad de expresión, bajo pretextos que por su ridiculez no merecen mayor comentario. Seguramente ese intento de censura hará que la propia ciudadanía tenga mayor interés en conocer esos datos, por eso lejos de impedir su difusión lo que ha conseguido el Órgano rector en materia electoral, es que la población tenga mayor interés en los pormenores de esa investigación estadística, que por lo demás fue llevada a cabo por una institución pública que merece el mayor respeto. Es inadmisible el comportamiento del Órgano Electoral, cuyo trabajo es descalificado por sus propias autoridades y se está convirtiendo en otra expresión deleznable y repudiable de su desempeño, hay fundadas sospechas respecto al estado actual de la democracia y de las instituciones que deberían ser su sostén, en todo caso pronto la voluntad popular sabrá expresarse y su voz difícilmente podrá ser silenciada frente a los hechos.