La encuesta realizada a la cabeza de la Universidad Mayor de San Andrés fue divulgada el miércoles, sin embargo, el TSE intentó evitar su publicación antes de que los datos sean conocidos y, posteriormente, declaró que el estudio no era válido y anunció que proceden sanciones.  

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, sostuvo que el TSE actúa políticamente y que, si la encuesta daba 80% al candidato oficialista, seguramente no habría existido ninguna observación.

El candidato mesa aseveró que el TSE, bajo órdenes del Gobierno, está vulnerado el derecho a la información. Dijo que el “descaro más grande” es que se discrimine a un estudio que no dice lo que le gusta al Tribunal. 

“Lo que me parece una vergüenza inaceptable es la actitud del Tribunal Supremo Electoral de establecer una discriminación”, manifestó.

Ortiz no expresa su posición

El postulante de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, recordó que en 2015 la alianza Unidad Demócrata Beni, de Ernesto Suárez, fue inhabilitada por difundir una encuesta no autorizada, por lo cual ahora prefiere evitar comentar el estudio de la UMSA.

“La posición que tenemos sobre este tema es no haber declaraciones sobre una encuesta no autorizada, no queremos darles ningún pretexto para que nos inhabiliten”, dijo el senador.

La encuesta tiene una muestra de más de 14 mil personas, lo cual la convierte en la más grande del país. La UMSA está habilitada ante el Órgano Electoral para realizar este tipo de estudios.

El TSE observó el financiamiento de la encuesta, que no debe ser de fondos públicos ni organismos internacionales. La UMSA respondió a las observaciones por escrito antes de divulgar los datos, sin embargo, el Tribunal declaró no válido el estudio.