Escribo estas líneas a propósito de los recientes hechos de violencia y tensiones registradas en La Paz y en Santa Cruz. Una breve radiografía de la conflictividad en el país devela que el partido de gobierno instrumentaliza el conflicto a su favor, bajo la lógica autocrática y autoritaria que lo caracteriza. 

Sin embargo, tras 14 años en el poder, la fórmula de nacer, vivir y sobrevivir en el conflicto ya no funciona. Según estudios diversos, en la era del MAS se habría registrado el mayor número de conflictos respecto a otros gobiernos democráticos sin que ello haya significado una amenaza a la estabilidad política, observando mutaciones respecto a las tensiones persistentes entre “Estado y sociedad”. Desde  2007 somos testigos del enfrentamiento entre  gobierno central y gobiernos subnacionales  liderados por la oposición política. Una suerte de conflicto “Estado vs. Estado” al que se suma la intermitente y cada vez más “normalizada” conflictividad entre sectores de la misma sociedad, tipificada por la Fundación UNIR como conflictos de “sociedad vs. sociedad”.  

La relación parcial de estos últimos confirma esta tendencia.

 – Octubre 2006: Mineros cooperativistas y asalariados se enfrentan en Huanuni dejando un saldo de 16 muertos y decenas de heridos. El gobierno no intervino para detener el conflicto. El vicepresidente, Álvaro García Linera, en “su impotencia” se ofreció a "regalar ataúdes para los muertos".

– 11 de enero del 2007: la ciudad de Cochabamba vivió una luctuosa jornada que derivó en la muerte de tres personas y más de 200 heridos. Ocurrió cuando campesinos cocaleros tomaron la ciudad demandando la renuncia del prefecto Reyes Villa chocando con  jóvenes y ciudadanos que salieron a exigir su retirada.   

– 11 de septiembre de 2008: La “masacre de Porvenir” detonó en el marco de la lucha por la autonomía, conflicto que escaló con la confrontación entre lugareños y campesinos afines al Gobierno. Se registraron 14 muertes de ambos lados, el primero en caer fue un funcionario prefectural motivando el estallido de violencia. Producto de ello se destituyó al Prefecto. Informes apuntan que esta confrontación fue atizada por el mismo MAS, a fin de justificar la militarización y control de un departamento opositor.

– Septiembre de 2008:  el “cerco a Santa Cruz” por parte de las organizaciones sociales campesinas afines al MAS en contra del movimiento autonómico propiciado por las prefecturas y organizaciones civiles de Santa Cruz generó choques violentos. La instalación del diálogo detuvo una confrontación mayor. 

– Septiembre de 2011: la represión de Chaparina para impedir la marcha de defensa del TIPNIS . El caso develó la ruptura del sujeto indígena originario campesino del proceso de cambio. Se produjo tras la amenaza de enfrentamiento entre campesinos e interculturales del MAS acusados de avasallar y ocupar las tierras fiscales en el oriente. No faltan quienes se refieren a estos avasallamientos como neo colonialismo andino. El incendio del bosque chiquitano se explica bajo esta lógica.

– Julio y agosto 2012: Con un saldo de dos heridos y rehenes de por medio, el enfrentamiento entre comunarios, cooperativistas desocupados y mineros por tomar la mina de Mallku Khota fue emblemático. Provocó la expropiación y nacionalización de la mina y un conflicto arbitral que le costó al Estado 25, 5 millones de dólares. 

A esta relación se suman otros conflictos con similar perfil. En 2017, Achacachi fue escenario de choques violentos entre Ponchos Rojos y vecinos del pueblo. Desde el 2018, son frecuentes las escaramuzas entre cocaleros de los Yungas, así como la violencia entre vecinos y choferes sindicalizados que se resisten a la regularización de rutas del servicio de transporte público del Pumakatari de un municipio opositor. No es extraño que Conalcam, amenace con sofocar protestas opositoras al Gobierno y promover la ocupación de espacios resistentes al “proceso de cambio”. 

Estos y otros hechos confirman que el MAS comienza a perder el control y su capacidad de montar escenarios de “guerra” cuyo primer momento se caracteriza por inducir a la confrontación entre bolivianos. Un modus operandi tóxico que descompone las bases de convivencia social, debilita instituciones  y exacerba  la ritualidad  de la protesta y otras expresiones violentas. Para el MAS  la política es un campo de lucha. Siembra incertidumbre e inestabilidad intermitente.