Fue como una catarsis colectiva. La Asamblea de la Cruceñidad convocada por el directorio del Comité pro Santa Cruz rompió anoche varias veces su protocolo debido a la interpelación de activistas y de dirigentes, que durante las casi cuatro horas en que se llevó adelante la reunión, demandaron poner varios puntos en agenda. Se definieron once puntos entre los que sobresalen la declaratoria ciudadana de desastre nacional, exigir la abrogación de la ley 741 de desmontes, y la convocatoria a un Cabildo en el Cristo para que la ciudadanía defina medidas en defensa de la tierra y el voto del referéndum del 21-F de 2016.

La asamblea comenzó a las 19:30 y concluyó a las 23:00. La demanda de abrogación de normas irrumpió con fuerza pese a que no fue incluída en la lectura de los trece puntos acordados en convocatorias previas. Fueron activistas medioambientales de Roboré y de Mujeres Creando , quienes irrumpieron en el Salón Colonial, a eso de las 20:00, al grito de “¡abrogación!”. Se pusieron delante de la testera desplegando pancartas y causaron el rechazo de una parte del auditorio quiénes los desalojaron al grito de “fuera los masistas”.

Hubo gritos, empujones e insultos. Los medios de comunicación intentaron entrevistarlos, sin embargo la presión de los cívicos obligó a su retiro.

“Es increíble que en esta asamblea no se está tomando en cuenta lo que pedimos los roboreceños, que es la abrogación de decretos y leyes que permitieron la deforestación y el cambio de uso de suelo que dieron las condiciones para que se desaten los incendios en la Chiquitania”, cuestionó Eder Santibañez, activista del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca.

El activista aseguró que los cívicos “son selectivos” y que no les interesa abrogar las leyes porque defienden a la agroindustria y la ganadería intensiva que “produce la deforestación de bosques”.

Por la abrogación

La intervención de los activistas cambió de manera radical el ambiente en el Salón Colonial, y pese a que fueron desalojados la consigna de la abrogación se mantuvo entre los participantes de la asamblea. De esta manera, Óscar Mario Justiniano, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), salió al frente a dar su versión y dijo que “se identificaba con el dolor de la gente”, y que los agropecuarios “eran los más afectados. Recordó que el sector productor es responsable de sostener el gran granero del país que alimenta a un 70% de la población nacional y que “la demanda exagerada de tierras era irracional”.

“Por lo tanto proponemos la declataria de desastre nacional, el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental y la abrogación de la ley 741 de desmontes”, expresó.

Más adelante, Alejandro Díaz Salek, vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), también retomó la problemática de la dotación de tierras y se refirió al pedido de eliminar normativas. “No nos confundamos, no fue un decreto que ni siquiera entró en vigencia lo que propició los incendios. El problema radica en haber repartido tierras con criterios y fines políticos. El problema está en el perverso plan de ocupación dirigido desde las alturas”, expresó.

El vicepresidente de la CAO, quien no estuvo de acuerdo en abrogar leyes, se sumó al pedido de declaratoria de desastre nacional, y a que se garantice la seguridad jurídica de las áreas protegicas. “¡Basta de invasión, los cruceños no somos colonia de nadie!”, añadió.

Paro indefinido

Más temprano, en Tarija, se había realizado la reunión del movimiento cívico nacional en el que representantes de seis regiones (Tarija, Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro y El Alto) ratificaron la realización de un paro indefinido por el 21-F para el 10 de octubre. “Nuestra posición es que se tiene que llevar adelante la medida de protesta hasta lograr la renuncia del binomio ilegal del MAS, que no debe ir a las elecciones generales”, afirmó Juan Carlos Manuel, vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Si bien los cívicos cruceños conocían de estas determinaciones no fueron mencionadas durante la exposición de los panelistas ni en el documento final. El punto 10 de las resoluciones señala que se convocará a un Cabildo y que será este, a través de la expresión ciudadana, “el que determine las acciones en defensa de la tierra en la Chiquitania y en defensa del voto del 21-F”.

EL DEBER intentó comunicarse con Camacho para conocer su posición con relación al paro indefino, sin embargo no atendió las llamadas. El 25 de julio, un día después de que se acordó esta medida en La Paz, Camacho manifestó que “por una cuestión de responsabilidad” se analizaría esta posibilidad a través de un Cabildo “para que el pueblo defina, y no solamente lo haga una persona o una institución”.

Aguilera cuestionado

En los frecuentes gritos que provenían de los asistentes, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y los representantes de la Gobernación eran duramente cuestionados. “¿Dónde está Rubén?”, se escuchó tras la participación de Mauricio Flores, un dirigente y empresario, quien dijo que había autoridades y dirigentes “vendidos”.

Casi al cierre de la Asamblea, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación, tuvo su derecho a réplica. Sin embargo, recibió silbidos y abucheos al descalificarlo. “Partamos de una cosa. ¿Para qué vinimos? ¿No hemos sido convocados a la unidad?, ¿a la Cruceñidad?, ¿a combatir el desastre? O fuimos convocados para enfrentarnos como cruceños. Si queremos nosotros encontrarnos, dónde debemos encontrarnos, afuera estaremos”, expresó.

Aguilera negó las acusaciones de que son “funcionales al MAS” afirmando que tienen “la casa embargada, las cuentas congeladas, y (que soportan) los embates de la justicia”.

Tras los últimos reclamos de la Asamblea, se dio la lectura final de las resoluciones. La reunión contó con la participación de autoridades como Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitania; Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Departamental; también los pas presidentes como Herland Vaca Díez y German Antelo; activistas como Federico Morón, de Ríos de Pie, y Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia; además de los representantes de la CAO y Fegasacruz.