El mural que generó bastante polémica por ser pintado con propaganda electoral /RR.SS.

Con la proximidad de las elecciones nacionales, un fenómeno común que se presenta en la ciudad, es la propaganda electoral, a través del pintado de muros y el pegado de afiches, algo que está prohibido por la Ordenanza 07/2002, motivo por el que la Alcaldía anunció que se aplicarán las sanciones económicas en contra de los partidos políticos y candidatos que vulneren esta norma.

La semana pasada, se generaron críticas en redes sociales por el supuesto daño a un mural en la avenida España, además de propaganda pintada en un muro anexo al Santuario de la virgen del Socavón, por lo que al ser consultado el secretario General de la Municipalidad, Marcelo Cortez, sobre estos hechos, ratificó la vigencia de la ordenanza, indicando que se notificará a los entes políticos que están cometiendo las infracciones, en el entendido de que se debe precautelar los espacios públicos y además garantizar que la ciudad no se vea afectada, menos aún sitios con valor patrimonial, histórico, cultural o social.

"No hay excusa alguna para el daño a la propiedad privada o pública que forma parte de la urbe, no pueden ser sujetos a pintado como es en este caso de temas electorales, advertimos molestia en la población, que se expresó principalmente en redes sociales, por eso debemos aclarar que a través de las instancias de fiscalización se están asumiendo las acciones pertinentes y ya se notificará a los partidos políticos para hacerles constar que es listo y si ya incumplieron la norma, pues aplicar las sanciones establecidas", refirió Cortez.



ORDENANZA

El artículo 1 de dicha norma señala que "se prohíbe pintar y pegar cualquier tipo de propaganda política en las fachadas de edificios o inmuebles públicos y privados, templos, clínicas, asilos, hospitales, escuelas, colegios, pedestales de monumentos, graderías, muros de contención, puentes, pasarelas, ornamentos de parques y plazas, así como el colocado de banderas con colores políticos en los postes de alumbrado público".

Además que en el sexto artículo se establece una sanción de hasta diez mil bolivianos a quienes incumplan la ordenanza, que pese a tener una vigencia de más de una década está en plena vigencia, mientras no se abrogue o sea reemplazada por otra norma municipal.