Una de las funciones esenciales del parlamento en democracia es fiscalizar la labor del Ejecutivo, para lo cual lo ideal es que haya independencia entre estos poderes. 

Las leyes relativas a la elección de los representantes afectan de manera significativa esa independencia. En países donde las listas de representantes son definidas por los jefes de los partidos, como en Bolivia, ella es menor que en aquellos donde los representantes se deben a los ciudadanos que los eligen directamente, como en el Reino Unido y EEUU.

Es justamente en estos dos países donde asistimos a interesantes “pulsetas” entre esos dos poderes, que están poniendo a prueba los límites del juego democrático. 

En EEUU, Donald Trump está usando todos los trucos a su disposición para evitar que el Congreso, controlado por el partido demócrata, obtenga la información que considera necesaria para fiscalizar al Ejecutivo en temas relacionados con la posible interferencia del Presidente en la investigación de injerencia rusa en las elecciones de 2016. Esta pulseta podría fortalecer a Trump si logra esquivar la fiscalización o en caso contrario, incluso terminar en un impeachment, si se demostrara que violó la ley.

En Reino Unido, la ex primera ministra Theresa May se vio forzada a renunciar tras varios meses de intentos frustrados por aprobar una estrategia para implementar el Brexit (la salida de ese país de la Unión Europea). Boris Johnson que la sucede y es uno de los defensores de una salida a como dé lugar, acaba de sufrir una derrota en el Parlamento, que ha votado por mantener su derecho a aprobar el acuerdo de salida e impedir un Brexit sin acuerdo. Johnson ha amenazado con convocar elecciones -devolver la decisión al pueblo soberano- si se le quita la libertad de negociar el Brexit, pero a la fecha el Parlamento ha condicionado esa iniciativa y todavía no hay luz al final de ese largo túnel, que amenaza acabar con la carrera de otro Primer Ministro. En juego está el futuro de su país y de Europa. 

En ambos casos, lo que vemos es un ejercicio de fuerzas entre poderes, que es parte del juego democrático. En Bolivia, la asamblea es controlada por el MAS y en lo que va del gobierno de Evo Morales ha ejercido de manera muy débil su papel de fiscalizador del Ejecutivo, y las más de las veces se ha limitado a condonar todas sus acciones ante la impotencia de la oposición. Es por eso importante que, independiente de quien sea elegido presidente en las próximas elecciones, tengamos una asamblea legislativa con una representación equilibrada, y, aunque eso tal vez sea soñar, con legisladores que ejerzan su papel de representantes de los intereses del pueblo y no de obedientes levanta manos de sus partidos.