Comunidad Ciudadana (CC), partido que tiene como candidato a la Presidencia a Mesa, descartó en un comunicado una respuesta a la denuncia por considerar que es parte de la "guerra sucia" activada por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), el opositor y candidato por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, y el gonismo.

Martínez publicó en su página de internet la nueva denuncia, que se suma a otra en sentido de que Mesa recibió $us 800.000 para aceptar la candidatura a la Vicepresidencia en la dupla con Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002. Valdivia le inició un proceso por vulnerar el secreto bancario al revelar los depósitos que llegan a ese monto y que se hicieron a la red PAT, que en ese entonces gerentaba y tenía a Mesa como accionista mayoritario.

Ahora, aseguró que Valvidia, que es parte de CC y que tomó el control de la empresa de su hermano, Cinenómada SRL., "se adjudicó 26 contratos del Estado durante el gobierno de Evo Morales, sumando un total de 16.351.137 bolivianos (unos 2 millones de dólares). La mayoría de ellos (15) por contratación directa, sin licitación. Los contratos principales fueron después de que el expresidente Carlos Mesa asumiera la Vocería Marítima".

Mesa evitó pronunciarse sobre la denuncia de los depósitos y asumió similar posición en este caso. "Comunidad Ciudadana advierte que no va a responder a este nuevo y artero plan, que forma parte de la guerra sucia, en este nuevo capítulo que parece, además, un nuevo intento para desviar la atención frente a la incapacidad del gobierno por controlar los incendios en la Chiquitanía, originados en las normas aprobadas por (Evo) Morales y Ortiz)", establece el comunicado al que remitió el candidato y abogado de Valdivia, Carlos Alarcón.

Según la denuncia de Martínez, "el mayor de estos contratos, por un monto de Bs 9,091.551 (1 millón 318.000 dólares), tenía por objeto la 'implementación del guión museográfico' de la Casa de la revolución democrática y cultural de Orinoca, más conocida como el Museo de Evo Morales en su población natal".

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Otros contratos hacen a la propaganda estatal sobre el satélite Túpac Katari, Mi Teleférico, Mar para Bolivia con Soberanía y varias campañas sobre "logros gubernamentales". Cinenómada SRL es de propiedad de Juan Carlos Valdivia, hermano de Ximena, pero una serie de acuerdos -sostiene el comunicador- dieron lugar a "que ésta última se haga cargo de la empresa desde 2012 ejerciendo capacidades similares a las de una gerente general".

"Particularmente interesante es el poder 432/2015, del 5 de marzo del 2015, firmado meses después de que Mesa asumiera la Vocería Marítima. En este documento se facultaba a Ximena Valdivia para negociar contratos directos con entidades estatales, señalando la potestad de 'Presentar en representación de la sociedad propuestas ante cualquier Ministerio, Viceministerio, Direcciones, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y cualquier otra repartición estatal, y/o empresas privadas, pudiendo firmarlas, modificarlas y exponerlas. Participar en licitación, invitaciones directas y cualquier otra forma de contratación…'", sostiene.

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Al respecto, CC expresa: "El ciudadano Emilio Martínez, el mismo personaje usado para armar la última infamia, regresa ahora para intentar de nuevo afectar la imagen del candidato a Presidente por Comunidad Ciudadana, apelando a una inexistente y absurda relación entre la vocería marítima ejercida por el expresidente Mesa y los presuntos trabajos de un productora privada, contratada por el Gobierno".

CC calificó de indignante que se quiera utilizar electoralmente temas como el de la reivindicación marítima y exigió "a los que ahora acusan y denigran" presentar pruebas ante los tribunales de los delitos denunciados, "de lo contrario será evidente que se trata nada más que la continuación de esta guerra sucia".

Valdivia, exgerente de PAT, es investigada actualmente por legitimación de ganancias ilícitas, luego de hacerse público los depósitos a cuentas de la televisora. (09/09/2019)