Los medios de comunicación han estructurado espacios de análisis y debate para comparar lo que cada tienda política propone sobre diversos temas, como la nacionalización de los hidrocarburos, la entrega de bonos asistenciales, la reforma del sistema impositivo o el derecho al aborto, entre otros de importancia.

También se han realizado síntesis de cada propuesta y las fuerzas políticas ha divulgado, sobre todo en redes sociales, las características de sus programas. De la misma manera, se han ofrecido comparaciones entre los temas principales de los planes.

La Fundación Inaset, especializada en temas de desarrollo y en el análisis de temáticas financieras, ha dado un paso más allá y ha decidido, utilizando una determinada metodología, calificar los programas de gobierno de las tres principales fuerzas políticas del país y darle a cada uno de ellos una nota de 1 a 100 puntos.

Por eso estudió las propuestas del MAS, que postula a Evo Morales, Comunidad Ciudadana, que tiene como candidato a Carlos Mesa, y a Bolivia Dice No, de Oscar Ortiz. Las tres son las que figuran en las encuestas con mayores opciones o intención de voto.

Inaset, que dirige Enrique Velazco, estableció para la calificación definir cinco áreas principales de análisis de los programas: institucionalidad, transparencia, diversificación, empleo e ingresos y crecimiento.

Cada una de esas áreas obtendría un puntaje máximo de 20 puntos, subdividido en cuatro sectores, cada uno de cinco puntos. La suma de todas las áreas arroja un total de 100 puntos como nota máxima.

Según el análisis de Inaset, el programa de Comunidad Ciudadana obtuvo una nota de 69 sobre 100, mientras que Bolivia Dice No obtuvo 57, y el MAS, 11.

Para realizar la calificación, Inaset analizó estos cuatro aspectos: el grado de importancia que cada plan de gobierno asigna a estos cinco aspectos fundamentales; la pertinencia de las acciones propuestas y de los indicadores que usan para medir los resultados en cada aspecto; la suficiencia o no de las propuestas para promover los cambios estructurales necesarios; y el grado de impacto integral en el desarrollo que tendrían las acciones propuestas en cada propuesta.

 “Se han realizado resúmenes y debates sobre los planes de los diferentes partidos, pero nadie pregunta –y a nadie parece importarle– si las acciones propuestas cambiarán la realidad de pobreza, desigualdad y de rezago estructural respecto al resto de América Latina”, dijo Velazco.

Velazco agregó que “por la falta de criterios de relevancia y de prioridad con la que se comparan mediáticamente los contenidos de los planes de gobierno, hay una sideral distancia entre la ‘realidad’ que se ‘discute’ en los medios  de comunicación y la que la sociedad necesita cambiar para eliminar los problemas que agobian a los hogares”.

Lo que buscó el estudio de Inaset es ver si las propuestas de los partidos responden a un modelo internamente coherente de desarrollo, o son más bien un conjunto disperso y muy poco articulado de “deseos” difusos que sólo expresan la “panfletería discursiva” del momento.

Según el criterio de la entidad, la condición necesaria básica para el desarrollo es la estabilidad del crecimiento que permita planificar a mediano y largo plazos. Esta condición requiere superar el extractivismo, que causa dependencia, y diversificar la producción. Tener una economía sólida y sostenible, que no dependa de factores externos, permitirá que se atiendan otras demandas sociales, como salud, educación, seguridad, servicios básicos, etc. Y ello debe lograrse respetando el estado de derecho y el cuidado del medioambiente.

Inaset ha invitado a especialistas y entidades a que se sumen a esta evaluación para seguir alimentando el debate sobre los programas de gobierno, cuando faltan todavía 43 días para las elecciones generales. 
 

La metodología utilizada por Inaset

La metodología utilizada por  Inaset consistió en dos fases: primero, establecer cuáles eran las áreas que debían analizarse con prioridad y que tienen todas relación con el desarrollo integral y sostenible de un país. Esas cinco áreas fueron las siguientes: institucionalidad, transparencia, diversificación, empleo e ingresos y crecimiento.

Luego, analizó cuatro aspectos para cada uno de ellos: qué grado de importancia le da cada plan de gobierno a esas cinco áreas; cuán pertinentes son las acciones propuestas y los indicadores que se usan para medir los supuestos resultados en cada aspecto; ver si las propuestas promueven cambios estructurales necesarios para el país; y establecer el grado de impacto en el desarrollo que tendrían las acciones incluidas en las propuestas de cada partido.

Una vez establecido aquello, Inaset dividió cada sector en cuatro subsectores (ver tabla), para darle a cada uno cinco puntos. Cada sector tuvo 20 puntos, con lo que sumaron 100 puntos en total. Esa era la calificación máxima que debía obtener cada partido.

Áreas estudiadas para hacer la calificación

La Fundación Inaset definió cinco áreas para ser estudiadas de cada programa de gobierno de las tres fuerzas políticas principales (MAS, CC y BDN) y de esa manera realizó la calificación total:

Institucionalidad: aunque la inquietud de la gente está centrada en la (in) justicia, no hay forma razonable de disociar el funcionamiento de la justicia de las otras instituciones democráticas básicas establecidas y reconocidas por la CPE. Transparencia: la corrupción que lastima a la ciudadanía es apenas una de las expresiones de la falta de transparencia en el funcionamiento general del Estado; además está la falta de eficiencia y el incremento de costos (“coimisiones”) que inhiben inversiones generadoras de valor, empleo e ingresos; comprende las autonomías porque el desarrollo y la creación de empleo digno debe atenderse en cada realidad local.

Diversificación: no es suficiente que los PG mencionen la diversificación productiva; la forma cómo la conciben (con el Estado o los ciudadanos como dinamizadores) y cómo proponen construirla son  un criterio central de valoración del PG: diversificar no es “plantar fábricas” con recursos públicos; requiere garantizar las condiciones (mercados, productividad, competitividad, y los valores sociales) para que todas las iniciativas económicas enmarcadas en la legalidad se puedan llevar a la práctica; implica una institucionalidad “proproducción y empleo” que sea garante de políticas públicas pertinentes.

Empleo e ingresos: el empleo digno no es “trabajo” y, mucho menos, “ocupación”. Es la variable socioeconómica que vincula la diversificación de la economía con la “calidad social” de su crecimiento: determina el nivel de ingreso de los trabajadores y de la capacidad de consumo de los hogares. Requiere una visión social del desarrollo con la distribución primaria del ingreso –no medidas de asistenciales de redistribución, o los bonos– como el mecanismo principal y directo de fortalecer la capacidad de consumo de los hogares.

Crecimiento: el crecimiento sostenido de la economía es un medio, no un fin: hay economías que crecen pero lo hacen concentrando la riqueza, la desigualdad, la precariedad del empleo, o afectando la naturaleza hasta poner a la humanidad al borde de una catástrofe medioambiental a corto plazo; el crecimiento con equidad –y con responsabilidad social y ambiental– implica cambiar de paradigma: toda política que contribuye a crear empleo digno con mejora de la productividad (la eficiencia en el uso de los recursos) sin duda se reflejará en el crecimiento de la economía, pero en condiciones de inclusión y equidad.

Punto de Vista
José Gabriel Espinoza  es economista 

“La importancia de un programa de gobierno”

Tres deben ser las cualidades de un programa de gobierno:  concreto,   realizable y medible. Concreto, tanto en la problemática que identifica como en las medidas que plantea para solucionarla. Quizás es la parte más complicada, ya que se puede caer en lo que los economistas llamamos “sesgos de identificación”. Deben atacar una problemática nacional, que trascienda a las que uno puede observar desde los grupos a los que pertenece, así como responder a necesidades presentes a lo largo y ancho del país, que muchas veces es difícil de observar por un equipo pequeño y concentrado. Si el programa se hace de manera extensa, a partir de una larga lista de grupos con visiones y necesidades diferentes, se corre el riesgo de pasar los problemas  importantes. Una vez identificados los problemas principales, se deben plantear una serie de acciones que deben estar dentro de lo posible. 

Aquí entran  consideraciones normativas, de orden jurídico y social, pero también económicas y  tecnológicas. Un programa  ofrece promesas de políticas públicas, que deben ser realizables, si no, esa propuesta no es más que  mentiras o deseos que  probablemente generen costos sociales, económicos y políticos si es que se llega al gobierno. 

Finalmente, el conjunto de políticas públicas que se ofrecen  deben tener metas medibles. Ofrecer una vida “digna” a todos, si no definimos qué entendemos por “digno”, es una promesa, no una política pública. Se debe cuantificar cuáles son los componentes  de esa dignidad y, sobre todo, el costo de alcanzar esa meta. En la medida que esas tres condiciones no se encuentren en los programas, es muy probable que las propuestas, y la visión de país que resulte de ellas, no sean realistas.