Medio: Nuevo Sur
Fecha de la publicación: lunes 09 de septiembre de 2019
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Normas asambleas departamentales
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Cardozo está seguro de su denuncia que fue admitida por el Tribunal Constitucional, aunque el legislador Mancilla declaró que el proyecto sigue en tratamiento.
Fernando Barral Zegarra
El Abogado al contradecir al Asambleísta Ervin Mancilla Olarte, declaró que la Asamblea sí incurrió en delito al haber sancionado la Ley Electoral que después observó el gobernador Adrián Oliva, la Ley sancionada retornó con observaciones al Legistativo.
Mancilla negó que la solamente la sanción hizo que la Asamblea incurrió en delito, argumentó que el proyecto sigue en curso, mientras no esté promulgado, no es un instrumento legal vigente, está en curso, en tratamiento, no está concluido su proceso.
Cardozo respondió que quiere ser enfático, mencionó a la Constitución y el Estatuto Autonómico Departamental, la primera menciona que la labor de un ente colegiado como la Asamblea, culmina con el tratamiento y la sanción de la norma, “ahí acabó sus funciones”.
La labor constitucional y legal de la Asamblea nacional o departamental, no es promulgar una norma, solamente se abre su competencia de abrir una norma, el momento que, de manera extraordinaria, por una objeción del Ejecutivo, se rechaza la promulgación de esta normativa, explicó Cardozo.
De forma excepcional se abre la competencia del legislativo para promulgarla, es decir, la labor constitucional y legal que la Asamblea realiza empieza con el tratamiento y sanción de una norma, por esa razón cuando sancionan la Ley cumplieron su deber, insistió.
“Han cesado en su competencia, pero se abrió nuevamente cuando el gobernador les devolvió con observaciones la Ley Electoral, si eso no hubiera ocurrido simplemente se hubiese procedido con la promulgación”, continuó argumentando el abogado.
“Por eso considero que el señor Mancilla debería leer la Constitución, informarse un poquito más u entiendo que tiene amigos en el Ministerio de Justicia y debería preguntar si corresponde o no”, insistió el abogado el fin de semana.
De todas maneras por encima de todo esto, quien va decir si las actuaciones del abogado de denuncia de las actitudes ilegales inconstitucionales que atropellaron el Estatuto autonómico por la bancada del MAS, es el Tribunal Constitucional a través de su Sala Plena, aclaró.
El abogado además, insistentemente, reiteró que este Tribunal admitió su denuncia en contra de la Asamblea departamental, de incumplimiento y desobediencia a resoluciones de inconstitucionalidad por parte del bancada del MAS.
Según el abogado el artículo de la Ley electoral que dar margen a la elección por voto de los subgobernadores es el punto por el cual los legisladores incurrieron en supuesto delito y que ahora está dilucidándose en el Tribunal Constitucional.