Esa actitud se va demostrando en declaraciones cotidianas no solo oficiales dirigidas hacia el interior del país, sino también hacia el exterior, como acaba de mostrar el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien, con documentos en ristre, acudió sin rubor alguno, a la Organización de Estados Americanos (OEA), para poner en manos de su Secretario General, Luis Almagro, copias de la sentencia del Tribunal Constitucional y otros papeles por los cuales se habilita a todos los ciudadanos del país a participar libremente en elecciones, ignorando la contundente voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2006.

No se deja de ver el empecinamiento de la tienda gobernante para imponer, de a buenas o malas y contra la voluntad del Soberano, su caprichoso deseo prorroguista. Se advierte, por tanto, que la camarilla gobernante oportunamente convocará a elecciones para el año 2019, con su mesiánico candidato, Evo Morales, decisión que, sin duda, desatará una monstruosa campaña electoral, ya en ciernes, de proporciones aplastantes con todas las malas y buenas artes que se pueda imaginar.

De esa manera -en una visión futurista-, el candidato del oficialismo, por lo menos en apariencia, llevaría las de ganar o en caso de no obtener mayoría, iría a una segunda elección, cuando o bien sería derrotado o bien obtendría por lo menos un voto más de los necesarios para proclamarse de nuevo presidente del Estado Plurinacional.

Pero ahí no acabará la historia, sino más bien recién estará empezando. En efecto, si en la segunda vuelta triunfara la oposición, se podría considerar que, en vista del férreo deseo de mantenerse en el poder, el MAS podría anular las elecciones y, por algunos medios, quedarse en él con la idea peregrina de nunca dejar el timón del Estado, ideal en que consiste su concepción política no explicada hasta el presente. La cuestión es no perder el poder… y argumentos no faltan.

También puede darse que en el balotaje la fórmula oficialista gane la elección, la cual derivaría en una situación no tan fácil que se diga para el candidato triunfante. En efecto, como ese triunfo sería considerado que fue obtenido con una “mentira”, contra las leyes de la democracia, la anulación del voto popular del 21 de febrero y otros aspectos, se produciría una situación convulsiva que solo podría ser dominada por una dictadura o algo parecido que, por lo demás, no solucionaría el conflicto, sino lo agravaría.

El nuevo gobierno provocaría, entonces (siempre en una visión futurista), una oposición subterránea o superficial de gran proporción que incluiría brotes de violencia progresiva y resistencia general que podría provocar movimientos sociales, como los de diciembre pasado contra el nuevo Código Penal, exigiendo respeto a la democracia, temerariamente pisoteada, a no ser que para aplicarla se acuda a al terror bonapartista (perdón por la pedantería), que tendría efecto contraproducente, hasta hacer estallar el caldero de presión de la paciencia popular.

Un historiador dijo alguna vez que la historia se repite, pero olvidó decir que la primera vez se produce como tragedia y la segunda como comedia, definición axiomática que no se aplica en Bolivia, donde la tragedia no se repite como comedia, sino como una tragedia peor. Estamos frente a ese dilema.