“Los registros en estos dos equipos no están incorporados en el actual empadronamiento... Estos registros fraudulentos no están incluidos en el padrón electoral, porque están en etapa de investigación”, explicó Choque, quien ayer presentó su informe oral ante la Comisión de Constitución de Diputados. 

La autoridad electoral fue convocada  a solicitud de los diputados de oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe.

 La exclusión de esos registros,  en criterio de  los opositores, atenta contra el derecho humano de elegir y ser elegido, estable  la Constitución y  el Pacto de San José. En esta  convención  se basó el Tribunal Constitucional para habilitar al  presidente Evo Morales, pese al 21F. 

 “¿Cuántos votantes se habrá acarreado?, ¿cuántos estarán inscritos? Se está perjudicando, porque hablamos  del derecho humano a elegir o ser elegido. Hay gente en Bolivia  que tiene el derecho humano de postular perpetuamente, y también hay el derecho humano de votar, de elegir”, reclamó Quispe. 

El legislador lamentó que el TSE, “como víctima”, no haya solicitado una  inspección técnica ocular de los equipos biométricos, con el fin de  determinar la cantidad de electores que se vieron involucrados en el caso “acarreo de votantes”.

El primer caso  se registró el  15 de junio, cuando Gleizi Nakashima, notaria  de Pando -asignada a registrar votantes en  la localidad de Gonzalo Moreno (Pando)- fue sorprendida inscribiendo en  Riberalta (Beni), fuera del espacio geográfico  que le  fue  asignado.  

El equipo de empadronamiento  7626, está en poder del Ministerio Público de Pando,  para que proceda con las pesquisas, informó la vocal Choque.

El segundo caso data del 14 de julio, cuando se descubrió que Wálter Cortez Ayala, notario   asignado a trabajar en la localidad Loma Velarde   (Pando), estaba empadronando  a electores en un domicilio particular de la ciudad de Riberalta (Beni). 

El equipo de registro  8606 también está en poder del Ministerio Público, informó Choque.

 El vicepresidente del TSE Antonio Costas espera que las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía concluyan  pronto, para que   se pueda “hacer el análisis de los registros contenidos en las computadoras”.

Hay  la posibilidad de que los electores  que se registraron en los dos equipos biométricos utilizados para el “acarreo de electores” -aún se desconoce la cantidad-  queden habilitados para el 20 de octubre, si hasta  antes del 11 de septiembre el Ministerio Público entrega los aparatos  al TSE.   

En esa fecha,  el Servicio de Registro Cívico (Serecí), instancia encargada de la depuración de los electores, entregará al TSE el padrón electoral consolidado.  

El TSE es la única entidad que puede ingresar al sistema biométrico para evidenciar cuántos se inscribieron. Costas explicó que la seguridad del sistema del empadronamiento está configurada con “llaves públicas”. Los informáticos del sistema central, que está en la ciudad de La Paz, tienen las claves para  desencriptar los equipos.  

“Por tanto, los datos que están en las dos computadoras. Sin la intervención del personal especializado,  no van a poder ser abiertos, y (los casos) deberían ser resueltos cuanto antes,  porque estamos perjudicando a ciudadanos, que se registraron cumpliendo la normativa vigente”, indicó  el vocal Costas.

El diputado Santamaría considera que el TSE no está realizando las acciones para acelerar el proceso por el  “acarreo de votantes”. 

Las  normas

• Prohibición  El artículo 238, inciso i, de la Ley de Régimen Electoral,  señala que es delito  promover, incitar o ejecutar el traslado masivo de personas con la finalidad de inscripción y/o sufragio en un lugar distinto al de su domicilio.
• Delito   La norma penal señala que  el “acarreo” consiste en el traslado de varias personas y que quien impulse ese acto puede  ser  una autoridad política, administrativa, dirigente de organización política o cualquier persona.

Punto de vista 
Franz Rafael Barrios   Investigador jurídico 

No se dio  certeza sobre el   número de registros anómalos   

Ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Constitución de Diputados para dar respuesta por la Petición de Informe sobre el caso “acarreo de votantes”, la presidenta del TSE, Choque, no pudo brindar certeza del número de electores riberalteños registrados irregularmente en el padrón electoral de Pando, y menos sobre la vulnerabilidad de sus registros digitales.

Ya al inicio del lento proceso investigativo por los delitos electorales emergentes, el TSE, el TED de Pando y el Serecí se “lavaron las manos” con una funcionaria que, dijeron, “fue contratada temporalmente”. 

En todo caso, además de los presuntos ilícitos en los que incurrieron los “traficantes” de electores, con el aparente fin de obtener “más senadores” para el MAS en Pando, y las nebulosas respuestas  de la presidenta del TSE al respecto del evidente acarreo, queda claro que el oficialismo pagará políticamente el costo del voraz incendio que consumió la Chiquitania y Amazonia boliviana a causa de su política de desmontes y quemas descontroladas.