En nuestro país se ha logrado pactos históricos importantes, pero destaco fundamentalmente la Asamblea Constituyente de 2006 debido a que a inicios de 2000 colapsó la estructura organizativa del Estado boliviano y el país optó por dos alternativas para resolver la crisis, las cuales se combinaron de forma adecuada. La primera fue depositar la confianza en el liderazgo de Evo Morales a través de la decisión soberana del pueblo boliviano. Y la segunda, generar un pacto social.

Esta última fue dificultosa, compleja y provocó tensiones como, por ejemplo, en la elección de la capital del país, las autonomías, el rediseño del sistema político, el tema de la tierra, los derechos indígenas y su alcance, y otros.

El pacto social tuvo muchos avatares, pero finalmente nos permitió darle una salida pacífica y democrática a la crisis del país. Caso contrario, hubiéramos ingresado a una guerra civil violenta y con heridas que no se hubiesen saldado por generaciones enteras.

Posteriormente se alcanzaron acuerdos importantes para la instauración del proceso de cambio, para establecer el marco de ejecución de las autonomías, para adoptar políticas sociales como el alza de recursos a la seguridad ciudadana y otros.

También hemos tenido conflictos duros como el registrado entre cooperativistas y trabajadores asalariados que ha durado meses y hubo un muerto. Logramos neutralizar ese conflicto para evitar más violencia y lo resolvimos de forma pacífica a través del diálogo que fue muy duro porque los sectores estaban enfrentados, pero tras alcanzar un acuerdo los mineros cantaron el Himno Nacional y se abrazaron porque al final somos bolivianos. Asimismo, tuvimos otro conflicto con los médicos en 2012 que se resolvió por la vía del diálogo, y así sucesivamente hemos solucionado conflictos como los suscitados entre Oruro y Potosí por los límites o entre Tarija y Chuquisaca por el megacampo gasífero Margarita.

De alguna manera, estos antecedentes han generado una acumulación de experiencia para manejar escenarios de conflictividad.

Sin embargo, el año pasado en el caso del conflicto médico, lamentablemente se han sincronizado tres aspectos como la fiscalización establecida por el Ministerio de Salud, el nuevo mecanismo de definición de los aranceles y las observaciones al artículo 205 de la nueva Ley del Código del Sistema Penal.

Dicha sincronización se convirtió en una plataforma reivindicativa que incitada por algunos actores políticos, que satanizaron el Código Penal, han generado la movilización de un sector que tiene capacidad de convocatoria porque tiene llegada a sectores populares y a sectores de la clase media que también los apoyan.

Al mismo tiempo, en el escenario político se sincronizaron tres hechos que eran las protestas contra el Código Penal, las elecciones judiciales y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilitó al presidente Morales a una repostulación indefinida, y eso complejizó el ámbito político y no dimensionamos de forma adecuada este tema.

Ante esto, el diálogo fue difícil porque el escenario estaba polarizado, pero escuchando razones, debatiendo y definiendo metodologías para hallar acercamientos de posturas se resolvió el conflicto y eso fue importante pues el escenario nacional se distensionó. Estoy convencido de que una metodología de gobernar es escuchar, dialogar y consensuar con los actores sociales porque estamos viviendo otros tiempos, más aún cuando son temas estructurales.

Para ello, el primer paso es tener la suficiente paciencia y humildad para desarrollar un escenario de catarsis y que la gente se desahogue y argumente sus demandas. El segundo es tratar de entender la problemática de forma técnica y evitar que se politice pues cuando se incurre en eso no hay la objetividad necesaria.

Si se logran estos factores se generan fácilmente acuerdos. En esa línea, la reconstrucción del Código Penal debe realizarse de forma participativa y con mucha información.