La manera cómo el Estado enfrenta la emergencia de los incendios en la Chiquitanía  evidencia una organización ineficiente que sólo deteriora aún más la confianza ciudadana en el Gobierno y una eficiencia propagandística que despierta indignación.

Lo que comenzó con la demora en desplegar una acción proporcional a la dimensión de los incendios continúa con trabas administrativas para recibir ayuda calificada de países como Argentina, cuyo embajador en Bolivia, Normando Álvarez, refiriéndose a la demora que enfrentaba para ingresar al país y entrar en acción un destacamento de 200 bomberos especializados de su país, llegó al punto de expresar que “no es el momento de los burócratas, es el momento de los que tienen que actuar, de los que tienen que gestionar, de los que tienen que ser solidarios frente al problema de los hermanos, de nuestros vecinos”.

Esa evidente torpeza en la acción de las instancias gubernamentales contrasta con el despliegue mediático con el que altos funcionarios divulgan cifras de los gastos estatales. “El Gobierno ha destinado hasta este momento más de 11 millones de dólares, recursos que estamos contribuyendo como país, y los recursos que se han recaudado hasta ahora de la cooperación internacional son alrededor de dos millones de dólares”, informó el canciller Diego Pary hace tres días.

Más de 13 millones de dólares desembolsados para atender una emergencia que no deja de crecer, mientras cientos de voluntarios luchan contra el fuego con equipos y protección precaria –en muchos casos caminando largas distancias para llegar a los focos de fuego porque no disponen de vehículos para transportarlos–, policías desplegados en Roboré protestan por la insuficiente alimentación que reciben.

¿Y la ayuda que en varias ciudades se recoge para enviarla a la sufrida Chiquitanía? Los Tiempos pudo constatar la carencia total de un esquema organizado para recibirla y entregarla.

¿Y la población afectada por el desastre? Desde el primer reporte de situación emitido por el Viceministerio de Defensa Civil, el 22 de agosto, la cifra cambió tres veces: ese día y hasta el 25 de agosto, eran 1.817 familias, entre el 26 y el 30 de ese mes, 1.917. A partir del 1 de septiembre y hasta el martes, día del último reporte oficial, la cifra ascendió a 4.472. La curiosa evolución de esa contabilidad evidencia la falta de un seguimiento sistemático y riguroso de la situación de los habitantes de las zonas afectadas.

Lo que no falla es la cobertura de los desplazamientos presidenciales a la Chiquitanía, camarógrafos y otros técnicos cumplen de manera eficiente su trabajo de convertir en propaganda el siniestro.