Si bien debe respetarse el derecho de las personas a usar todos los mecanismos jurídicos a fin de hacer prevalecer sus pretensiones; el litis consorcio opositor sigue errando su camino.  Al respecto tres criterios elementales comprueban lo aseverado.    
Primero, debe recordarse que el sano propósito de las medidas cautelares es proteger derechos esenciales ante situaciones de gravedad, inminencia y urgencia que presenten un riesgo de engendrar daños irreparables a las personas. Así, del análisis de la jurisprudencia del sistema interamericano, se establece que dicha irreparabilidad se encuentra íntimamente ligada a la protección de los derechos a la vida y la integridad personal (caso de los “Niños de la calle” -Villagrán Morales y otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999). En la cual la corte ha señalado que: "Históricamente existe una práctica consolidada destinada a considerar que las medidas cautelares no son el mecanismo idóneo para abordar aquellas solicitudes que se encuentran relacionadas principalmente con supuestas faltas al debido proceso y a las garantías judiciales, así como también respecto a la compatibilidad en abstracto de la aplicación de una normativa interna a la convención americana u otros instrumentos aplicables, entre otros temas y situaciones relacionadas". 

En segundo lugar, el art. 25 del reglamento de la CIDH establece que la comisión analizará "si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse". Al respecto, el litis consorcio opositor ha pasado por alto todos los mecanismos internos disponibles para hacer valer su errada pretensión, vulnerando así el principio elemental de subsidiariedad o complementariedad en virtud del cual la CIDH y la corte son medios finales y alternativos, una vez que se han agotado todas las instancias internas. En el presente caso al no haber ni siquiera ningún proceso electoral en curso, menos se puede pensar en haber agotado los procedimientos internos.

En tercer lugar, las acciones interpuestas por la alianza opositora no hacen sino ralentizar el funcionamiento del sistema de protección de la CIDH que al presente se encuentra abarrotado con casos que sí merecen su atención. De la revisión estadística de las solicitudes de medidas cautelares efectuadas desde el año 2006 al 2017, se tiene que se han presentado más de 4.185 peticiones a las cuales se suma esta inútil acción que consume tiempo, recursos materiales y humanos de   la CIDH. 

Finalmente si es que los opositores tenían alguna esperanza de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos influyera de alguna manera a su favor, deben saber que un hombre de su talla no se prestará a tal juego, ya que en la reunión de la semana pasada quedaron muy claros los roles de respeto y coordinación entre el Estado boliviano y la organización y no se reconoció jurisdicción alguna como falsa y descabelladamente  afirmaron un desesperado político de oposición y lo que es peor una supuesta ‘experta’ profesora de derecho internacional.

Las acciones erráticas, enardecidas, infundadas y politizadas que realiza el litis consorcio opositor y sus muy malos asesores jurídicos, traen a la mente la célebre frase del jurista romano Cicerón, quien con mucho acierto afirmó que "Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico".