Era la enésima vez que hablaba del peligro que corría desde que decidió no renunciar a su cargo de concejala de Ancoraimes, municipio del Altiplano del departamento de La Paz, tal como se lo exigieron al poco tiempo que asumió el mismo.

Pero aquella vez era distinta. Era una mañana de 2011. En una sala fría de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) estaban autoridades que como ella sufrieron acoso político por sus pares hombres o por alcaldes que evitaban que ejerzan sus funciones. Esas mujeres la escuchaban atentamente cada detalle de su suplicio y lucha, dependiendo el enfoque de la vivencia de cada una.

“No me he rendido, tomé fuerzas. Dije: ‘no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme. Estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir’”, se la escucha en la grabación de ese día en la que relató sobre la vez, hasta ese momento, que más riesgo sintió.

Juana era una chola aymara y aquella vez tenía 42 años.

Su lucha había comenzado en abril de 2010. Claro, al final de la jornada de las elecciones municipales en que escuchó el recuento de los votos, que le dio 70 por ciento a su favor, nunca imaginó que sería el inicio de su suplicio.

Aventajó a su rival Juan Cutile, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien obtuvo alrededor de 15 por ciento de las votaciones.

De ese modo, Juana llegó a ser la primera concejala mujer en Ancoraimes, aquel municipio de la provincia de Omasuyos, que hasta ese día había tenido solo autoridades hombres tanto en el Ejecutivo como en el Concejo del Gobierno Municipal.

Ella ya tenía experiencia en liderazgo. Su cargo de secretaria general de la comunidad de Llojllata Laymini, donde nació, y luego en la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”, le habían dado la oportunidad de demostrar sus capacidades como dirigente.

Por eso, la noche de las elecciones, ella, sus familiares e integrantes de la agrupación ciudadana Tupak Katari, con la que candidateó, fueron a ch’allar, con coca y alcohol en una esquina de la plaza principal de Ancoraimes. Todos estaban contentos con la elección. “Vamos a hacer proyectos”, decía la concejala electa.   

Pero el festejo no duró mucho.

La mañana del martes 30 de mayo de 2010, familiares del alcalde y campesinos afines al MAS se postraron en la puerta de la Alcaldía. Con chicotes y palos en las manos evitaron que Juana ingrese a la primera sesión del Concejo.

“Cuchiwarmi”, “Kusawarmi”.

Eran algunos de los insultos que le gritaban en aymara, cuenta su tío Casio Villanueva, en el patio de su casa, en la comunidad de donde era Juana.

La vinculaban con los hechos de corrupción del anterior alcalde, quien pertenecía a su agrupación ciudadana y estaba encarcelado. El presidente del Concejo, Pastor Cutile, y la vicepresidenta, Basilia Ramos de Tallacagua, respaldaron dicha acción.

Así, Juana ese día no ingresó al pleno.

Las siguientes sesiones no fueron distintas. Juana despertaba temprano para llegar a pie hasta el cantón donde se había determinado que serían las sesiones del Concejo, pero cuando llegaba al sitio o a minutos de hacerlo se enteraba que el lugar fue cambiado sin notificarle.

“Ellos tenían movilidad disponible del Concejo Municipal, pero a ella no le recogían, cargaban todo el grupo, se iban y abrían la sesión sin ella no. La Juana tenía que contratarse taxi, a veces en moto alcanzaba, pero en la puerta los militantes le atajaban, no le dejaban ingresar a las sesiones que se llevaba realizaban”, cuenta don Casio en medio del ruido de los patos y las gallinas.

Explica que los concejales pretendían que falte a las sesiones, pues si lo hacía tres veces, de acuerdo al reglamento interno, podría ser destituida.

“No le han dejado ejercer sus derechos”, asegura.

Juana, a diferencia de su correligionario, a quien también lo presionaron, decidió no renunciar y emprender su batalla legal. Interpuso recursos de habeas corpus y amparo constitucional, los cuales, en septiembre de ese año, salieron a su favor para que se le restituyera en su cargo y le repongan sus sueldos no pagados de cinco meses.

Tras los amparos, el presidente del Concejo, Pastor Cutile, se molestó más. La presión subió hacia Juana. Los afines a Cutile y al alcalde, le gritaban por la calle y amedrentaban a su entorno. Cada vez eran menos las personas que la apoyaban.

Todo eso no detuvo a la concejala. Interpuso una demanda penal contra Cutile Quispe, Ramos y el alcalde Huanca, por los delitos de desobediencia a resoluciones de las acciones de habeas corpus y amparo constitucional.

La audiencia conclusiva en el juzgado del municipio de Achacachi —a una hora de Ancoraimes— se suspendió en varias ocasiones porque los partidarios y familiares de los denunciados llegaban con petardos, para evitar que se instale.

“En esa audiencia ya se han asustado los concejales, el alcalde mismo, y le ruegan a la Juana y le dicen: ‘ya tienes que incorporarte’, te hemos pagado un cheque’. Le giran un cheque de 7.000 bolivianos, de su sueldo, pero obligándole a que desista de ese juicio y la Juana desiste. Ha firmado”, relata su tío.

Al enterarse de ello, la defensa de Juana retira el desistimiento, aludiendo que en el documento firmado por su defendida no se consideraba el resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que no tenía validez. El juicio continúa y también los insultos, que calificaban a Juana como prostituta, entre otras cosas.

Tras la retractación del desistimiento, la mañana del viernes de inicios de 2012, el secretario ejecutivo del sindicato agrario, Ignacio Ticona, convocó a los ponchos rojos, afines al MAS, a un ampliado para obligarle a renunciar. La acusaba de que sus acciones legales no dejaban trabajar a la Alcaldía.

La citó en la esquina de la plaza de Ancoraimes, a la altura de la Iglesia, a las 11:30. Allá se habían dado cita decenas de personas, que parquearon una veintena de minibuses.

Juana llegó con su hijo de 10 años. Apenas intentó hablar para explicar su posición, tres mujeres robustas y altas le empujaron. El niño gritaba, se agarraba de la pollera de su madre. Las mujeres le comenzaron a jalar de sus cabellos, y sus dos trenzas largas se deshicieron en el instante. El pequeño pedía auxilio.

Don Casio no pudo llegar hasta ella porque la gente que estaba furiosa lo evitó. Él asegura que el alcalde pagó 200 bolivianos a todas las mujeres, que manejaban palos, y las demás personas que agredieron a su sobrina.

Juana logró escapar unos metros, pero otras corrieron hasta ella. Se tiró al suelo para evitar caminar. Pero aun así la arrastraron en la calle de tierra, mientras le pedían que firme el desistimiento de la demanda contra Huanca, Cutile y Ramos, además de su renuncia.

“Querían hacerme renunciar yo dije no voy a hacerlo. Yo estaba con mi hijo de 10 años, ‘que me vea mi hijo, estoy dispuesta para morir’. Eso es lo que he dicho hermanas”, reiteró Juana a las concejalas, cuando volvió a retomar el relato en Acobol. Tomó aire nuevamente y narró otros momentos en los que sufrió agresiones.

Le tocó contar la vez que, en la puerta del Juzgado de Achacachi, después de una nueva suspensión de la audiencia conclusiva, una prima de Huanca le echó a los ojos cemento en polvo, que había en la acera que era reparada.

“Yo ya no quisiera hablar, porque no quisiera llorar lo que he sufrido como mujer, hermanas… Pero voy a seguir luchando hermanas, aunque al contar llorara, no me callaría, hermanas. Me duele, lo que he sufrido”, les dijo Juana a las concejalas, como una promesa de que no claudicaría. Así se la escucha en uno de los pocos audios que hay con su testimonio.

Le afectaba recordar, pese a que había relatado esa y las otras historias muchas veces en distintas instancias. Juana recurrió a la Fiscalía, al Juzgado, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, Órgano Electoral, a la Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a Acobol, a la Asamblea Legislativa, en busca de que el Estado le diera garantías para continuar con su ejercicio político. Ninguna institución le brindó lo que necesitaba, protección.

Es más cuando finalmente se llevó la audiencia conclusiva y se emitió detención preventiva contra Huanca por desacato de un amparo constitucional, este apenas permaneció tres días encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz. Don Casio cree que corrió dinero para comprar a la justicia.

El alcalde, ya libre, le prohibió llegar al pueblo de Ancoraimes. Los familiares de este hacían vigilia para que Juana no entrara. 

Pero ante la presión y para evitarse problemas con la justicia, sus detractores le permitieron ejercer su cargo el 9 de febrero de 2012, después de 20 meses de habérselo negado.

La concejala entraba a las sesiones con su librito de contabilidad Básica de Moreno Fernández y con su cuaderno de espiral de 200 hojas en el que anotaba todos los balances.

Había esperado casi dos años para ejercer su cargo de fiscalizadora, por lo que ya adentro quería hacerlo bien. Por eso cuando ya retomó sus funciones, se rehusó a aprobar el presupuesto reformulado para ese año, hasta contar con un informe del manejo de económico de la Alcaldía de las anteriores dos gestiones. No le importaba que sus colegas pasaran su dedo por su cuello a modo de amenazarla.

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Juana Quispe fue asesinada el martes 12 de marzo de 2012, a 32 días de haber sido restituida en sus derechos políticos. Su cuerpo fue encontrado un día después en el río Orkojahuira, con marcas de ahorcamiento, presuntamente, con el cinturón de seguridad del asiento de un minibús.

Según el cuaderno de investigaciones, la última vez que se la vio fue en compañía del alcalde y de los concejales Cutile y Ramos. Todos ellos fueron a la marcha por el día del Acullico.

El hecho se dio 12 días después de que Cutile y Ramos la amenazaron de muerte porque se negaba a viabilizar los presupuestos y dos días antes de que se llevara la audiencia conclusiva, que —según su defensa de ese entonces— saldría a favor de Juana.

Los testimonios dan cuenta de que la concejala llevaba en su bolso las grabaciones de audio y de video, en las que se develaban actos de corrupción en la licitación de obras de riego y manejos económicos de la Alcaldía.

La noche que asesinaron a Juana, se escuchó la detonación de petardos en el centro poblado de Ancoraimes y en la comunidad de Sotalaya, de donde era el alcalde Huanca.

“Ha sido a modo de festejo, a mi manera de ver”, asegura don Casio.

Tras siete meses de investigación del hecho, se inició un proceso por el delito de magnicidio contra Huanca, Cutile y Ramos, en grado de autoría intelectual. Además de Exalta Arismendi, a quien —según las investigaciones— el alcalde le pagó un sueldo mensual para que se hiciera muy amiga de Juana e informara de sus acciones de fiscalización.

Al asesinato de Juana se lo considera como emblemático, porque aceleró la aprobación, el 28 de mayo de 2012, de la Ley “Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres”, la cual fue propuesta por organizaciones de mujeres en 1998.