“No hay que enojar al pueblo, puede patear a perro equivocado”

Las palabras coloquiales pertenecen a David Choquehuenca, en una entrevista que le realizó Ivan Paredes, de El Deber. El valor de lo dicho por el excanciller del MAS no está en lo que dice, sino en lo que sugiere.

Voy a interpretarlas libremente para proponer una conclusión colectiva en forma de pregunta: ¿y qué sucedería si de repente todos los que han sido candidatos a la presidencia y pretenden seguir siéndolo, renunciaran públicamente y presionaran de esta manera al presidente Morales, para que, cumpliendo la Constitución, las leyes y el mandato vinculante del 21F, haga lo propio?

Formularé la reflexión de otra manera. Las propias encuestas que maneja el Gobierno han dejado de serles favorables, y acciones como el banderazo y el fallo positivo que pudiera obtenerse en La Haya en favor de la causa nacional, precisamente por la naturaleza de que estará investido, no podrán ser utilizadas con carácter electoral, por nadie. Nos encargaremos todos que así sea.

La gran pregunta que debemos hacernos en democracia es: ¿quién le pone límites al poder? El uso desproporcionado de la autoridad, termina en la vulnerabilidad de los responsables de los sistemas de defensa social, que dejan indemne a la persona frente a la verdad de Estado. Las explosiones en el Carnaval de Oruro, las permanentes manifestaciones de corrupción (lo ocurrido en el Banco Unión o en YPFB), o las fotos escalofriantes y los actos de violencia de la cárcel de Palmasola, todos sin esclarecimiento, se suman a una lista cada vez más larga de afectaciones que están superando la incomodidad para convertirse en repudio.

 Y me viene inmediatamente a la memoria la actuación y encubrimiento producido en el asalto a Eurochronos, o la condena sin sentencia por los sucesos de Porvenir o el Hotel las Américas, que superan y hacen olvidar hasta las diferencias ideológicas, para reivindicar los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

A esta altura, Leopoldo Fernández y Zvonko Matcovic merecen ser juzgados en libertad. Han superado generosamente el tiempo de otro detenido político que hoy ejerce la vicepresidencia y que en su tiempo, lo reclamó para sí. 

El sistema político gubernamental, convencido de su actuación y ostentoso de sus éxitos, ha judicializado selectivamente la política, desinstitucionalizando la administración pública. Un innombrable fiscal, responsable de muchas de estas acciones, hoy purga el olvido con desprecio, pretendiendo desde el ostracismo denunciar sus propias acciones.

Mientras esto ocurre, seguiremos siendo parte de una agenda inacabable de confrontaciones en todos los campos, con una lista pública que no se conduele de necesidades cotidianas expresadas en burocracia insensible, filas para obtener salud, abandono del campo, ausencia de servicios urbanos, informalidad en las oportunidades laborales, importación de alimentos básicos de la tierra… Los grandes números de la macroeconomía parece que no se comunican con la gente que se transporta en buses y colectivos. Ni con la agenda de un debate político preocupado de los procedimientos.

Bolivia se merece una oportunidad. Que se abra el debate plural, que la estabilidad dependa de los consensos colectivos y no de la voluntad de un líder que están endiosando sin que él esté haciendo lo suficiente para evitarlo. Y que todos los demás, la oposición incluida, se enfrente y acepte una realidad, el país ha cambiado y la solución a los problemas económicos demandará soluciones creativas de todos.

Alguien debe dar el primer paso. Seguramente no será el Presidente Morales quien lo haga primero, convencido como está de la razón forzada que le asiste. Por eso son importante las palabras de David Choquehuanca.

Necesitamos que se liberen las fuerzas democráticas.
 
Carlos Hugo Molina es abogado y ciudadano en ejercicio