Dos de cada 100.000 mujeres son asesinadas en territorio boliviano, cifra que supera con amplitud a países con mucha violencia y criminalidad como Brasil, donde el margen es de 1,1, según el último reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (Cepal) que concluye en calificar a Bolivia como el país donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica.

La situación de los últimos años fue tan aguda que el coordinador residente de la ONU, Mauricio Ramírez Villegas, pidió al Gobierno activar un estado de alerta nacional para intentar controlar la situación. En teoría se trabaja para prevenir feminicidios en los diferentes niveles del Estado.

En seguimiento al análisis de las propuestas de las organizaciones políticas candidatas a las elecciones nacionales del 20 de octubre, esta semana el diario el País presenta las propuestas para frenar los índices de feminicidios en los planes de Gobierno.

Promesas

En el programa del Movimiento Al Socialismo (MAS) se establece que habrá mayor inversión en seguridad ciudadana “específicamente para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, dado que esta es una de las mayores preocupaciones de las familias bolivianas”.

Además, promete programas y proyectos dirigidos a la prevención y registro de crímenes de violencia contra la mujer, entre otros (construcción de la cultura de la no violencia, programas conjuntos con la empresa privada, organizaciones sociales, municipios y gobernaciones, y otros). De la misma manera, la construcción de centros integrales de atención para víctimas de violencia y programas de sensibilización de trato a víctimas de violencia para que estas no sean victimizadas nuevamente.

Y por último crear mecanismos de seguimiento para garantizar que las entidades autónomas ejecuten efectivamente el 10 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para seguridad ciudadana, como establece la Ley 264. Se plantearán incentivos para que este monto se dirija especialmente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes

El Movimiento Nacionalista revolucionario (MNR), expone que el aumento acelerado de los casos de violaciones a niñas, adolescentes y mujeres “sin que el Estado demuestre una lucha efectiva contra este mal”. Ante ello, propone una forma de castigo a estos hechos tan dolorosas para las familias propone abrir el debate acerca de la pena de muerte. Sin embargo, no se puntualiza el feminicidio como tal.

Bolivia Dice No (BDN) se compromete a priorizar la lucha contra el flagelo de la violencia machista; promover el empoderamiento de la mujer en las organizaciones de la sociedad civil (sindicales, gremiales, empresariales y otras); apoyar la autonomía personal de las mujeres, para facilitar la inserción laboral y el desarrollo de actividades de negocio por cuenta propia. Además, incentivar los emprendimientos económicos de las mujeres, la capacitación de las productoras y el fortalecimiento de sus organizaciones, y facilitar el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a los recursos naturales, la propiedad agraria, el crédito, la tecnología y el mercado laboral.

Comunidad Ciudadana (CC) manifestó en su plan de Gobierno que parar la ola de feminicidios en el país es una prioridad. Su propuesta es intervenir el sistema de primera respuesta a la violencia sexual y física contra las mujeres (constituida por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Sistema de Justicia) para dar respuesta inmediata a la impunidad y dar seguridad a miles de mujeres en riesgo de violencia.

En 8 meses, 25.686 casos de violencia contra la mujer

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) atendió 25.686 casos de violencia hacia la mujer y 81 feminicidios, entre enero y agosto de la presente gestión. A comparación del 2018, hubo un ascenso en el número casos porque en el primer semestre se registraron 18.427, es decir que las políticas que se emplearon para frenar la ola de violencia contra la mujer no funcionaron. De los 81 casos de feminicidios registrados por el Ministerio Público, la FELCV atendió 66, de los cuales, 23 en La Paz; en Cochabamba, 14; en Santa Cruz, 9; en Oruro, 6; en Potosí, 5; en Tarija, 5; en Beni,3; y en el departamento de Pando, 1.