Hace más de 18 años, el 23 de junio de 2001, el entonces diputado opositor Evo Morales declaraba en Cochabamba que los partidos políticos tradicionales recurrían a la prebenda para inscribir militantes ya que ofrecían dinero y alimentos para tal fin.
La denuncia tenía una base moral, debido a que, en efecto, el ofrecer cualquier cosa –así sea una bolsa de fideos– a cambio de una acción que normalmente se hace de manera voluntaria, sin costo, es lo mismo que sobornar. Y sobornar es “ofrecer dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio”.
Tanto cambiaron las cosas en 18 años, que ahora es el MAS el que ofrece prebendas. A diario, Morales incurre en actitudes diametralmente opuestas a la que criticaba en 2001, lo que constituye una infracción a la normativa que el propio MAS puso en vigencia. Así, el inciso f) del artículo 119 de la Ley 026 del Régimen Electoral señala que está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de medios de comunicación, que implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza. Por si fuera poco, el mismo artículo, en su inciso k), señala que está igualmente prohibida la propaganda que “utilice imágenes de la entrega de obras públicas, bienes, servicios, programas o proyectos”, que es precisamente el caso de los ofrecimientos que Morales hizo en Morochata.
Es más, esos actos también constituyen una infracción a la luz del artículo 126 de la misma ley, que señala que “los servidores públicos de cualquier jerarquía están prohibidos de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos”.

Como se sabe, el Presidente del Estado ha incurrido antes en la vulneración de esos artículos, pero, al contrario de lo establecido en el parágrafo II del mismo artículo 126, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha cumplido con su obligación en todos estos casos. Ese precepto señala que “cuando se verifique la violación de alguna de estas prohibiciones, el Tribunal Electoral competente remitirá antecedentes a la Contraloría General del Estado para la determinación de las responsabilidades que correspondan”.
Ahora que vivimos una situación de tragedia por los incendios en la Chiquitanía, son varias las voces que apuntan al Gobierno como el culpable, mientras las instituciones gubernamentales que están llamadas a defender el medio ambiente también guardan un silencio tan cómplice como el del TSE. ¿Cómo actuarán el día, lejano o no, en que se tenga que responder por lo sucedido? (R)