Activistas que trabajan por los derechos de la mujer exigen al Ministerio Público iniciar de oficio una investigación contra el presidente Evo Morales por la denuncia de supuesto delito de estupro.

El diputado Rafael Quispe señaló el sábado que comprobó la veracidad del certificado de nacimiento de una menor cuyos progenitores son —según el documento— el Mandatario y Cindy Saraí V. P.

Se trata de una joven líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Yacuiba, Tarija. Pero la madre, cuando se embarazó y dio a luz, era menor de edad.

Jinky Irusta, abogada de la Oficina Jurídica para la Mujer, y Lety Tordoya, abogada de Mujeres Creando de Santa Cruz, coinciden, por separado, en que la Fiscalía debe iniciar una investigación de oficio y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en este caso de Yacuiba, debe pronunciarse.

“Con el certificado y la edad confirmada de ella (la madre) ya se comprobaría el delito. Aún siendo ella su pareja actual, porque el delito de estupro señala que el delito se da ‘con o sin el consentimiento de la menor de edad’”, explicó Tordoya.

Cindy Saraí V. P. actualmente tiene 20 años; sin embargo, según el certificado de nacimiento, su hija nació en febrero de 2016.

En tanto, Irusta dice que “cualquier persona que conozca de un delito debe denunciar. Lo que dice la ley y la ley es clara, sobre todo, en hechos de violencia sexual. No necesitamos que ni la mamá ni el papá se pronuncien”.

Ambas coinciden, sin embargo, en que el Ministerio Público no actuará porque “ no existe la independencia judicial”, y lo que hará el Gobierno será esconder el caso hasta donde pueda, considerando que el delito de estupro prescribe en ocho años.

“Esperemos que no lo escondan como en el caso Zapata”, dijo Tordoya.

Para Irusta, es totalmente censurable que “una autoridad de nivel del presidente haya procedido de esa manera, porque no es el único caso: el caso de Zapata, caso Achacollo, no tenemos certeza ni certificado, pero era vox populi que su hija estaba embarazada”.

EL ESTADO DEBE PROTEGER A LA NIÑEZ

La Constitución Política del Estado, la Ley 348 para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente señalan que los menores de edad son prioridad nacional para el Estado de Bolivia. También dicen lo mismo los tratados internacionales.