La prensa consigna ya algunos resúmenes de las propuestas de las organizaciones políticas que van a participar en las elecciones de octubre en los diferentes campos de la actividad económica y social del país. A vuelo de pájaro y en el sector económico todas son extremadamente conservadoras, con muy pocas novedades que puedan contrarrestar adecuadamente el actual estado de cosas. En el sector minero, del cual se ocupa esta columna, se puede afirmar que más que propuestas de cambio hay posiciones coyunturales que obedecen a intereses corporativos o regionales, y de manera casi unánime tratan de no “hacer olas” en el ambiente proselitista que se vive y en el que cualquier posición radical podría afectar la perspectiva electoral.

Hay una variopinta serie de propuestas más bien coyunturales que van desde exploración vía satélite, una herramienta de exploración, no una política; estrategias de industrialización; promoción de la pequeña empresa; alianzas comerciales con capitales extranjeros; reingeniería de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), todas medidas coyunturales y no políticas mineras; y hasta una insólita propuesta de perforación y drenaje del Cerro Rico de Potosí, seguramente con fines de explotación de los remanentes de las famosas vetas de plata de ese coloso reservorio de minerales.

Este tipo de labores son tan antiguas y reiterativas que vienen de los tiempos coloniales, cuando los descendientes de los españoles afincados en la Villa Imperial, como el rico minero Don Antonio López de Quiroga, propusieron ya labores de este tipo, para desaguar los socavones inferiores que tenían muchos problemas con aguas subterráneas. Así se abrieron durante bastante tiempo y hasta los primeros años de la era republicana socavones como Purísima, Barrios y Cotamitos. El socavón Purísima sería posteriormente llamado socavón Real (Luis Soux, El Cerro de Potosí, reproducción en Revista Minera BAMIN Nos. 70-71, Potosí 1970). Impresionante anécdota, pero parece insólito que se tenga tanta fijación con el Cerro Rico, cuya ciudad además de Patrimonio de la Humanidad, debiera ser a estas alturas de la historia una urbe museo susceptible de vivir de su historia, del turismo asociado y del excedente minero de los proyectos diseminados en su amplia geografía.

Nadie habla de lo realmente importante para el sector: ¿se debería volver al sistema de concesiones mineras? ¿Se debe seguir fomentando la minería informal? ¿Qué papel debiera jugar el capital privado nacional y extranjero en el desarrollo de nuevos proyectos mineros? ¿Se deben promover la megaminería y el juego en las bolsas de valores, o se debe volver a la minería de los socavones de angustia que caracterizó al sector minero en los siglos precedentes? ¿El país puede prescindir de la minería, debemos apagar la luz y cerrar las puertas a futuros proyectos?, ¿o todavía tenemos minería para rato? ¿Podemos garantizar seguridad jurídica a los inversionistas mineros?, ¿o se van a replicar la toma de minas y/o la reestatización (v.g. Amayapampa, Mallku Khota, Colquiri, etc.)? ¿Y qué de los problemas sociales por reivindicaciones y ajustes salariales atemporales, al margen de los contratos entre partes, como es el caso actual de Minera San Cristóbal? En síntesis, ¿la actual normativa jurídica del sector minero debe continuar?, ¿o debieran ser revisadas o reemplazadas la Constitución Política del Estado y la Ley 535 de Minería y Metalurgia?

Las anteriores son algunas de las interrogantes que saltan a la palestra al leer las propuestas de los candidatos, al ver que solo se mira la coyuntura y el interés corporativo, se mencionan medidas de coyuntura y no políticas mineras que, en mi opinión, la ciudadanía está esperando para poder definir su voto en octubre.